El Gobierno español ha tomado una decisión significativa al declarar la sede de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona, situada en la Via Laietana, como un Lugar de Memoria Democrática. Esta acción busca reconocer el lugar como un sitio donde se llevaron a cabo "crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos", además de ser un punto neurálgico de la represión durante la dictadura franquista en Cataluña.

La resolución fue oficializada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este martes, donde se detalla el acuerdo emitido por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, iniciando así el procedimiento para catalogar el "Edificio situado en Via Laietana, 43, Barcelona" como un espacio de memoria histórica.

La historia de este edificio es sombría; inaugurado en 1929 durante la dictadura de Primo de Rivera, pasó a albergar en 1941 la Jefatura Superior de Policía. Allí se instalaría la Brigada Político-Social, un organismo responsable de la persecución de la disidencia política y de movimientos sociales, lo que convirtió a este lugar en un emblemático centro de represión.

Documentos históricos destacan que desde su apertura fue un bastión de la opresión contra los movimientos obreros de Barcelona, sirviendo como un lugar de tortura y represión política. Durante la República, era conocido como "El molino sangriento", y, con la llegada de Franco, intensificó su rol represor, marcado por dolor y sufrimiento para muchos barceloneses.

El mismo informe subraya que, "por sus insalubres y abarrotadas celdas", cientos de opositores al régimen, así como miembros de la comunidad LGTBIQ+, trabajadoras sexuales y gitanos, fueron encarcelados sin haber cometido un delito, sufriendo torturas y humillaciones durante las interrogaciones. Se estima que al menos 4.143 personas fueron detenidas en Barcelona durante la dictadura por razones políticas.

La declaración ahora convierte a este sitio en un recordatorio crucial de los abusos cometidos en tiempos de la dictadura, destacando la necesidad de que "los crímenes padecidos en este lugar" y "el sacrificio de aquellos que fueron arrestados" no caigan en el olvido.

Como resultado de esta declaración, el Gobierno se compromete a garantizar que el espacio mantenga su significado histórico, estableciendo regulaciones para la identificación, preservación y señalización apropiada del edificio, que es propiedad del Ministerio del Interior. Cualquier remoción de los vestigios conmemorativos estará prohibida.

Bajo la dirección del Ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, el Ministerio llevará a cabo una serie de iniciativas para asegurar que la memoria de lo sucedido en este edificio se difunda y se interprete adecuadamente. Esto incluirá la creación de itinerarios de memoria, tanto físicos como virtuales, para fomentar la visita y el reconocimiento de este lugar.

Además, se desarrollarán recursos multimedia y se instalarán placas informativas en el sitio, todo con el propósito de rendir homenaje a las víctimas y educar al público sobre la importancia de recordar estos episodios oscuros de la historia.

Para complementar estos esfuerzos, se habilitará un espacio en la web de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática donde se incluirán localizaciones geográficas y fichas visuales del lugar. Esto formará parte del Inventario de Lugares de Memoria Democrática, y se busca también involucrar a circuitos internacionales que aborden temas de memoria democrática.

Asimismo, se solicitarán informes a prestigiosas instituciones académicas y memoriales para recabar información relevante sobre la historia de la comisaría de la Via Laietana. Tras la recepción de estas informaciones, habrá un plazo de 20 días para el público haga alegaciones, y se espera que, en un año desde el inicio del proceso, se tome una decisión final sobre la declaración.