El Ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha anunciado que el Gobierno no planea la creación de nuevos juzgados para hacer frente a la nueva carga de trabajo que se derivará de la Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el 3 de enero. Este anuncio se realizó durante una visita a la Ciutat de la Justícia, donde estuvo acompañado por el conseller de Justicia de la Generalitat, Ramón Espadaler.

El objetivo principal de la modificación de este Real Decreto es adaptar los juzgados de violencia de género a las nuevas competencias que asumirán en aproximadamente tres meses. Una vez en vigor, estos juzgados empezarán a gestionar casos de violencia sexual, mutilación genital femenina, matrimonios forzados y acoso con connotaciones sexuales, específicamente cuando la víctima sea mujer. Esta ampliación de competencias ha suscitado inquietud entre los magistrados, quienes temen que pueda producirse un colapso en el sistema judicial.

Pese a la preocupación generada, Bolaños reconoció que se estima que la carga de trabajo aumentará en torno a un 20%. Sin embargo, también enfatizó que la ley contempla un tiempo adecuado para que se lleve a cabo la adaptación de la planta judicial ante este nuevo escenario.

En los próximos nueve meses, se llevarán a cabo transformaciones en algunos juzgados de instrucción, que se convertirán en juzgados de violencia de género, y se ampliarán recursos para gestionar este incremento de la carga de trabajo. El ministro especificó que no será necesario crear nuevos juzgados, ya que los tribunales de instancia contarán con secciones especializadas que asumirán estos nuevos casos.

Bolaños destacó que la creación de un nuevo juzgado implica un costo aproximado de 400,000 euros. En contraste, con la nueva ley, los juzgados podrán contar con un número variable de jueces magistrados en estas secciones, lo que supondrá un gasto inferior a 100,000 euros. Esta estrategia permitirá asignar entre cuatro y seis jueces magistrados a estas secciones, contribuyendo a disminuir la congestión en los juzgados, incluyendo los especializados en violencia sexual.

Desde el Gobierno se subraya que esta nueva ley busca posicionar a España a la vanguardia de la lucha contra la violencia hacia las mujeres, alineándose con los estándares internacionales establecidos en el Convenio de Estambul. Así, se espera que la implementación de estas medidas no solo mejore la eficiencia del sistema judicial español, sino que también brinde una respuesta más efectiva a las víctimas de violencia de género.