El debate político en Catalunya se ha intensificado en torno a la inminente aprobación de los presupuestos para 2026, un tema que ha dominado la conversación entre los representantes de los diferentes partidos en el Parlament, la cual fue transmitida a través de TVE Catalunya y Ràdio 4. Los comentarios se centraron, además, en la delegación de competencias de inmigración a la comunidad autónoma y en las urgentes políticas de vivienda que necesita la región.

Las voces protagonistas en este intercambio fueron la portavoz del PSC-Units, Elena Díaz; Mònica Sales de Junts; Ester Capella que representa a ERC; junto a los portavoces del PPC, Vox y los Comuns: Juan Fernández, Joan Garriga y David Cid, respectivamente. También participaron Laure Vega de la CUP y Sílvia Orriols, líder de Aliança Catalana.

Los socios de gobierno de Illa, ERC y los Comuns, han demandado al PSC que se atenga a los compromisos preestablecidos para facilitar la negociación de los presupuestos, resaltando la necesidad de avanzar en acuerdos previos. En contraste, Junts ha manifestado su desacuerdo al acusar al Govern de llevar a cabo una “desnacionalización”. Al mismo tiempo, los partidos de la oposición, como el PPC y Vox, han señalado la inmigración como uno de los temas más apremiantes que enfrenta Catalunya actualmente.

En lo que respecta a la aprobación de los nuevos presupuestos, que serían los primeros bajo la administración de Salvador Illa, Díaz mostró una actitud optimista, afirmando que el Govern tiene un historial de cumplimiento: "Estamos seguros de que se lograrán, y aunque no fuera así, el gobierno seguirá adelante", expresó con confianza.

Por otra parte, ERC y los Comuns han manifestado su descontento por lo que consideran incumplimientos de los acuerdos anteriores, señalando aspectos críticos como la atención a temas de vivienda y educación. Cid destacó que "el país demanda presupuestos, pero el Govern no puede esperar un cheque en blanco", subrayando la necesidad de responsabilidad y cumplimiento por parte del PSC.

Capella enfatizó la importancia de establecer un sistema de financiación justo para Catalunya como una de las prioridades para avanzar en nuevos acuerdos. Hizo un llamado a Junts para que se unieran a esta causa y apoyaran la exigencia de un modelo de financiación singular que beneficie a la región.

Junts y el PPC, por su parte, han manifestado que la falta de nuevos presupuestos en 2025 constituía un incumplimiento grave por parte de Illa. Desde la CUP, se acusó a estos partidos de defender unas cuentas que implicarían recortes en servicios públicos. “¿A qué hospital cerrarán?”, cuestionó uno de los miembros de la CUP, lustrando la preocupación sobre el impacto en la salud pública.

En el marco de la reciente negativa del Congreso a delegar competencias de inmigración a Catalunya, Díaz, Capella y Cid han manifestado su apoyo a esta medida, mientras que Sales lamentó la descalificación hacia su partido, argumentando que "queremos gestionar con los recursos adecuados para lograr una integración real".

Desde el lado opositor, Fernández destacó que "Catalunya no está lista para asumir más competencias", además de calificar la inmigración descontrolada como un problema serio, una opinión que resonó entre Garriga y Orriols, quienes abogaron por cerrar fronteras y repatriar delincuentes.

En contraste, Capella, Cid y Díaz se manifestaron en contra de estas posturas, al igual que Vega, quien criticó duramente que el debate sobre inmigración se convierta en el foco principal de atención, calificando la situación como "tristísima y cobarde" y sugiriendo que la priorización de estas competencias por parte de Junts no es lo que verdaderamente necesita Catalunya.

Con respecto a la crisis de vivienda, el PPC recibió críticas por su enfoque sobre la ocupación ilegal, abogando por políticas que favorezcan a los promotores privados y una reducción de impuestos. Orriols y Garriga coincidieron en que se debe dar prioridad a la población local en la distribución de ayudas y en el acceso a viviendas de protección oficial.

Cid refutó la idea de que las ocupaciones sean un problema real en comparación con los más de 7.000 desahucios anuales que ocurren en Catalunya, pidiendo al Gobierno que cumpla con la creación de una unidad contra desahucios, una promesa que todavía no se ha materializado. Mientras tanto, Vega abogó por la implementación de impuestos sobre la riqueza para evitar la concentración de viviendas en pocas manos, afirmando que "cualquier otra medida es solo poner un parche".

Por último, Sales defendió la necesidad de una política de vivienda surgida desde el Parlament, alegando que la legislación estatal está invadiendo competencias autonómicas. Capella, en cambio, se mostró a favor de regular los precios de alquiler, insistiendo en que han logrado influir en la posición del PSC, mientras que Díaz respondió que se están implementando medidas como préstamos para jóvenes y un plan para construir 50.000 nuevas viviendas como respuesta a la crisis habitacional.