En un destacado evento político en Barcelona, los partidos Junts, ERC, los Comuns y la CUP han dado un paso crucial al presentar este miércoles en el Parlament una propuesta de ley para solicitar la derogación de los Decretos de Nueva Planta, emitidos por Felipe V entre 1707 y 1716. Esta acción busca corregir un capítulo oscuro de la historia que supuso la supresión de las identidades jurídicas y culturales de varios reinos de la antigua Corona de Aragón.

Durante una rueda de prensa en el Parlament, los representantes de estos grupos políticos estuvieron acompañados por miembros de la Associació de Juristes Valencians, quienes han estado trabajando durante meses para eliminar estas normativas que perjudicaron profundamente a las comunidades de Aragón, Valencia, Mallorca y Cataluña, entre otras.

La propuesta, respaldada de manera unánime por los cuatro grupos, demanda no solo la derogación formal de los mencionados decretos, sino que también se presenta como un acto de "reparación histórica y justicia institucional". Este planteamiento busca sanar heridas que, según afirman, han perdurado a lo largo de los años.

En su declaración, los firmantes subrayan que los Decretos de Nueva Planta impusieron un sistema administrativo centralizado y absolutista que no solo reemplazó las estructuras propias de estos reinos, sino que también castellanizó sus derechos, favoreciendo los intereses de la nueva monarquía borbónica. Tal imposición, señalan, ha tenido un impacto negativo a largo plazo en la diversidad cultural y política de los territorios afectados.

Aunque la Constitución española de 1978 reconoció la existencia de diversas nacionalidades históricas y permitió cierto grado de autogobierno, los firmantes se lamentan de que su disposición derogatoria se limitó a la abolición del régimen foral solo en el País Vasco y Navarra, ignorando por completo la derogación de los Decretos de Nueva Planta.

Por lo tanto, estas fuerzas políticas instan al gobierno central a llevar a cabo la derogación de los decretos de 1707, 1715 y 1716. Asimismo, proponen la creación de una declaración institucional que conmemore este acto como un símbolo de restitución de la memoria histórica y jurídica de los pueblos afectados.