En un contexto marcado por la seguridad laboral y el compromiso con la formación, la empresa Iqoxe ha dado un paso significativo al invertir 40 millones de euros en la reconstrucción de sus instalaciones tras un trágico accidente ocurrido en enero de 2020 en el polígono petroquímico de La Canonja, Tarragona. En este siniestro, que dejó un saldo devastador de tres vidas perdidas, la compañía busca ahora no solo reparar su imagen, sino también reforzar las medidas de seguridad para evitar que eventos similares se repitan.

El incidente, catalizado por el fallo de uno de los reactores de la planta, resultó en una explosión de magnitud considerable, lo que llevó a la implementación de cara a la renovación de tecnologías y metodologías operativas. Según fuentes oficiales de Iqoxe, estas inversiones han permitido mejorar notablemente los sistemas de protección y extinción de incendios, incorporando modernos detectores de gases y llamas mediante infrarrojos, así como un innovador sistema de rociado de agua pulverizada.

La empresa también ha establecido un sistema de respaldo para el proceso productivo y ha desarrollado una planta piloto que realiza simulaciones operativas junto con tareas de formación para el personal. Esta respuesta post-accidente se presenta como un intento serio de la compañía por reconstruir su reputación y dar un giro hacia una mayor cultura de seguridad industrial.

Sin embargo, el impacto del accidente no terminó con las inversiones. La Generalitat, reconociendo la gravedad de la situación, impuso una sanción de 2,1 millones de euros a Iqoxe por múltiples infracciones relacionadas con la seguridad industrial. Además, el Juzgado de Instrucción número 1 de Tarragona abrió procedimientos judiciales contra los antiguos responsables de la empresa, lo que enfatiza la seriedad de las acciones y decisiones tomadas en aquel momento crítico.

En medio de este contexto, los sindicatos CC.OO. y UGT de Catalunya han manifestado su preocupación principal centrada en la seguridad dentro del sector industrial. Al conmemorar el quinto aniversario del trágico suceso, han reiterado sus llamados a la empresa para que se mejore la formación de los trabajadores y se informe adecuadamente a la ciudadanía sobre los posibles riesgos de accidentes químicos.

Pedro Carmona, líder de la sección de Industria de CC.OO. en Tarragona, ha expresado su descontento con la falta de implementación de medidas correctoras adecuadas entre simulacros y ha destacado que muchos empleados aún carecen de la capacitación necesaria para actuar en situaciones de emergencia. Esto resalta la urgencia de una revisión profunda de los procedimientos de seguridad en la industria química.

Por su parte, Joan Llort, secretario general de UGT en Tarragona, subrayó que la desinformación también afecta a los trabajadores subcontratados, quienes a menudo no reciben la formación requerida. “Es vital incluir a estos trabajadores en el ciclo formativo”, afirmó, añadiendo que la capacitación debe extenderse a los vecinos de las áreas afectadas a través de campañas informativas integrales, tanto físicas como virtuales.

Carmona coincidió en la necesidad imperiosa de lanzar más campañas informativas sobre seguridad química y criticó los discursos alarmantes que generan temor hacia la industria. “El miedo debe desplazarse por el conocimiento; la incomprensión sobre el riesgo es más aterradora que el propio riesgo en sí”, destacó, haciendo eco de la inquietud existente sobre cómo reaccionar ante emergencias.

En respuesta al accidente, la Generalitat puso en marcha el Plan de Emergencia Exterior del Sector Químico de Tarragona (Plaseqta), un esfuerzo coordinado para gestionar emergencias de manera efectiva desde el propio terreno. Como parte de este plan, recientemente se ha instalado en el puerto de Tarragona la última de las sirenas de riesgo químico, que completa un sistema de alarmas y comunicaciones de Protección Civil que ahora suma un total de 121 sirenas.

Este esfuerzo conjunto ha establecido una red de alerta que garantiza la cobertura completa de las áreas urbanas que podrían verse afectadas por potenciales emergencias químicas, basándose en estudios de seguridad industrial. Además, se prevé la instalación de 587 sensores en el Camp de Tarragona que identificarán la presencia de sustancias químicas en el aire, brindando un sistema de vigilancia activa sobre posibles amenazas tóxicas en el entorno.