Un centenar de funcionarios de Justicia en España han convocado una huelga indefinida a partir del 22 de mayo, en señal de protesta por la falta de negociación con el gobierno. Los sindicatos Csif, CCOO, Staj y UGT han convocado tres días de huelga por semana en abril y mayo pero han advertido que la huelga indefinida continuará si el Gobierno no llega a la mesa de negociación.

Los trabajadores se han manifestado ante la sede de la Delegación del Gobierno en Cataluña exigiendo el fin de los recortes y la privatización en justicia y en la administración pública, con pancartas y proclamas como "Ministra, dimite, Justicia no te admite" y "Que baje el delegado". La protesta se ha visto impulsada por la subida salarial que obtuvieron los Letrados de la Administración de Justicia con su huelga indefinida, y los funcionarios reivindican condiciones laborales justas y la negociación de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa.

Los funcionarios de justicia en toda España han tenido una plantilla de aproximadamente 45.000 trabajadores, y se han unido en la lucha para negociar mejoras salariales y reconocimiento por la labor que realizan. Han denunciado la Ley de Eficiencia Organizativa, que se encuentra en proceso de tramitación, y que consideran que empeorará sus condiciones laborales al desplazarlos arbitrariamente por distintas ciudades para cubrir necesidades de personal o en ciudades grandes, cambiar de función según la jurisdicción que se requiera en un momento dado.

El coordinador de la agrupación de Justicia de CCOO en Cataluña ha señalado que el Ministerio de Justicia ha acordado una subida de sueldo para los Letrados de la Administración de Justicia de 450 euros mensuales y ha ofrecido una subida de 500 euros a jueces y fiscales cuando anunciaron su huelga en mayo. Esta situación ha generado un fuerte sentimiento de abandono y desesperación entre los cuerpos generales y especiales de la administración de Justicia, quienes se sienten discriminados y han criticado a Justicia por no hacer una oferta de mejoras retributivas para ellos.

El responsable de Justicia en Cataluña por parte de Csif, Manuel Gómez, ha explicado que esta acción tiene como objetivo que la futura ley reconozca y retribuya a los trabajadores en función de las tareas que lleven a cabo. El redactado actual, ha señalado Gómez, "va a suponer un cambio bestial en condiciones de la gente, posiblemente una reducción de plantilla", y ha pedido un reconocimiento justo del trabajo que los trabajadores realizan como parte fundamental del trabajo de los juzgados.