Barcelona se convirtió en el epicentro de una manifestación masiva el pasado 16 de julio, donde aproximadamente 2.500 personas se unieron para exigir el "desbloqueo" de la negociación colectiva y la reducción de la jornada laboral, un tema que ha generado una intensa controversia en el ámbito político. La movilización fue organizada por los sindicatos CC.OO. y UGT de Catalunya, quienes denunciaron el aplazamiento del debate en el Congreso sobre un proyecto de ley que propone reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales.

Los líderes de ambos sindicatos manifestaron su descontento ante los medios, tildando este aplazamiento como un evidente "fracaso del Gobierno" y cuestionando la capacidad de la mayoría de investidura para avanzar en esta crucial cuestión laboral. Camil Ros, secretario general de UGT de Catalunya, subrayó que las partes involucradas en la negociación han tenido más de seis meses para llegar a un acuerdo, y criticó la falta de progreso, especialmente en relación con la formación Junts, que estaba en el centro del diálogo.

Belén López, secretaria general de CC.OO. de Catalunya, también se unió a las críticas al calificar el retraso del debate como una "patada para adelante", instando a Junts a posicionarse claramente del lado de aquellos que buscan impulsar este cambio. López hizo hincapié en la necesidad urgente de discutir la reducción de la jornada laboral en un contexto donde las empresas reportan beneficios récord y la productividad ha aumentado considerablemente.

Durante su discurso, destacó la disparidad en la creación de riqueza en Catalunya, donde, a pesar de los buenos números empresariales, el 24% de la población vive en riesgo de pobreza, y uno de cada tres niños está afectado por esta problemática. López señaló que el verdadero desafío radica en cómo se reparte la riqueza generada, no en la creación de la misma.

Refiriéndose al estancamiento de los convenios colectivos, la secretaria general afirmó que esta situación afecta a más de 1,3 millones de trabajadores en la región. Además, argumentó que el verdadero problema radica no solo en las condiciones laborales, sino en la crisis de vivienda que enfrenta Catalunya. Aseguró que, con una reducción del 30% en los precios de la vivienda, podrían generarse hasta 410.000 nuevos empleos.

Por su parte, Ros instó a centrarse en el poder adquisitivo, señalando que las empresas parecen más interesadas por problemas de productividad y absentismo. "La realidad es que a la gente le resulta cada vez más difícil llegar a fin de mes", comentó, enfatizando la necesidad de medidas como un aumento del salario mínimo interprofesional y revisiones salariales en convenios, especialmente en sectores como la hostelería.

Finalmente, Ros advirtió que las movilizaciones en demanda de una reducción de la jornada laboral y la reactivación de la negociación colectiva no se detendrán, prometiendo que continuarán con fuerza en septiembre. La lucha por los derechos laborales y una distribución equitativa de la riqueza sigue siendo un desafío urgente en Catalunya, y los sindicatos planean seguir presionando para lograr cambios significativos.