BARCELONA, 19 de marzo.

La Audiencia de Barcelona ha tomado la decisión de llevar a juicio a cuatro agentes de la Policía Nacional acusados de causar lesiones, tras su intervención en el incidente que resultó en la pérdida de un ojo del activista Roger Español durante el referéndum por la autodeterminación del 1 de octubre de 2017. Esta resolución fue confirmada en un auto que ha sido consultado por Europa Press.

Según información adelantada por 'El País', el tribunal de la Sección Segunda ha determinado que existen pruebas suficientes para abrir un juicio oral. Entre estas pruebas se encuentran testimonios de varios testigos y evidencias documentales, incluyendo vídeos e informes médicos, que sugieren que uno de los agentes disparó una pelota de goma contra Español siguiendo órdenes de su superior, con la implicación de otros dos policías en la acción.

El tribunal considera que la responsabilidad no recae únicamente en el agente que disparó, sino también en el inspector que dio la orden y en los dos subinspectores, al haber autorizado el uso de balas de goma en una situación que no justificaba tal acción y en una proximidad peligrosa, lo que aumentaba el riesgo de causar lesiones graves.

El abogado de Español califica la acción de intencionada, argumentando que los disparos se efectuaron a una distancia menor de 14,12 metros, en clara contravención de los protocolos de actuación. El tribunal ha determinado que el agente disparó en tres ocasiones hacia el lugar donde se manifestaba Español, cerca del CEIP Ramón Llull, donde se estaban realizando actos de protesta.

Durante la protesta, que buscaba bloquear el acceso a las furgonetas policiales, se alegó que el inspector había dado la orden de atacar a los ciudadanos que se encontraban sentados pacíficamente. Asimismo, se menciona que tanto el inspector como los otros dos agentes usaron la fuerza de manera desproporcionada, provocando heridas a los manifestantes.

A pesar de reconocer la gravedad de los hechos, el tribunal considera que las acciones de carga policial constituyen un delito menor de lesiones que entra dentro de la amnistía, dado que, como señala el auto, “ninguna de estas lesiones supera el umbral de gravedad exigido por la Ley”, a excepción de la de Español.

La decisión de proceder con el juicio ha sido celebrada por organizaciones como ANC, Òmnium e Irídia, que han manifestado su compromiso de luchar para que la violencia policial del 1 de octubre no quede sin respuesta. Además, señalaron que Roger Español ha sido amnistiado en el mismo fallo en relación a un delito de desórdenes públicos.

Anaïs Franquesa, directora de Irídia, celebra que la Audiencia reconozca que el uso del arma por parte de la policía, que dejó a Español mutilado, no se considera una imprudencia y, por lo tanto, no está amparado por la ley de amnistía. Sin embargo, también critica que las cargas policiales y el uso excesivo de la fuerza contra personas que se encontraban en el suelo sí sean considerados amnistiables, lo que plantea preocupaciones sobre la responsabilidad en estos actos.

Xavier Antich, presidente de Òmnium Cultural, ha destacado la importancia de que la justicia reconozca que no se puede ofrecer amnistía a policías que usaron la fuerza de manera violenta durante el referéndum. Resaltó que la amnistía no debe beneficiar a aquellos que cometen violaciones de derechos humanos.

En un tono similar, Laia Serra, abogada de Òmnium, ha valorado positivamente que la justicia reconozca la gravedad de las acciones policiales, alineándose con los argumentos expuestos por las entidades que se han presentado como parte en este caso.