BARCELONA, 24 de enero. La entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia Judicial está transformando el panorama de la Administración de Justicia en Catalunya, impulsando cambiantes dinámicas en las áreas procesal, tributaria, laboral, mercantil y civil. Sin embargo, este avance también evidencia una carencia significativa de personal en el ámbito judicial, un aspecto crítico que no se puede obviar.

En una rueda de prensa el conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, junto a la presidenta del Tribunal de Instancia de Barcelona, Cristina Ferrando, señalaron la importancia de la colaboración institucional en la implementación de estas reformas. Espadaler destacó la necesidad de recursos, reformas y tiempo, enfatizando que el éxito de esta transición depende de la formación adecuada del personal judicial.

El proceso de implementación se ha dividido en varias fases: la primera comenzó el 1 de julio de 2025 en 33 partidos judiciales, abarcando juzgados de primera instancia e instrucción, así como aquellos especializados en violencia de género. Posteriormente, el 1 de octubre, se sumaron dos juzgados más en Badalona y L'Hospitalet. La fase definitiva, que tuvo lugar el 31 de diciembre, abarcó 14 partidos que representan un 71,8% de la actividad judicial en Catalunya, lo que subraya el alcance de esta reforma.

La predominancia del partido judicial de Barcelona, que concentra el 35% de la actividad judicial en la región, añade complejidad a la integración de este nuevo sistema, como indicó Ferrando. La continuidad de jueces, procesos y normativas actuales, junto con el notable número de bajas y jubilaciones de funcionarios, ha generado desafíos significativos en la adaptación a este nuevo marco.

Hasta el momento, se han visto afectados 7.543 funcionarios a lo largo de las tres fases de implementación, de los cuales más de 5.400 corresponden únicamente a la fase más reciente. En la Ciutat de la Justicia de Barcelona, alrededor de 2.800 funcionarios han experimentado un cambio significativo en sus funciones, lo que ha resultado en un "movimiento masivo del personal", según Ferrando.

La situación se complica aún más con el hecho de que el 80% de estos profesionales continúa realizando tareas similares a las anteriores, mientras que un 20% ha optado por trasladarse a otras posiciones. Esto ha creado un desajuste en la experiencia acumulada dentro de algunas áreas, aunque el departamento de Justicia está trabajando en soluciones para corregir esta disparidad.

El problema de recursos humanos no es exclusivo de la ciudad de Barcelona, ya que en la provincia, que incluye siete partidos judiciales adicionales, había aproximadamente 200 vacantes al inicio de la tercera fase. A pesar de que 77 nuevos funcionarios se unieron el 15 de enero y se espera que se incorporen otros 107 en febrero, la necesidad de cubrir todas las plazas sigue siendo una preocupación constante.

Actualmente, las secciones contencioso-administrativa y mercantil han comenzado a operar como Tribunales de Instancia, lo que permite a los magistrados trabajar de manera coordinada y "ensayar la nueva filosofía" judicial, tal como destacó Ferrando. La jurisdicción de familia seguirá a continuación, a pesar de enfrentar ciertos problemas técnicos que están siendo abordados con la ayuda de la Conselleria de Justicia.

La reforma ha implicado no solo cambios en las estructuras judiciales, sino también en el espacio físico y tecnológico. Se han renovado más de 1.600 metros cuadrados para ofrecer un entorno más accesible, y se han introducido 207 portátiles y otras herramientas tecnológicas para modernizar el trabajo. A la par, se han desechado casi 345.000 kilos de papel, reflejando un esfuerzo por digitalizar y optimizar procesos.

Además, el departamento ha llevado a cabo 145 actividades de formación, con más de 9.400 participantes, buscando capacitar a los operadores jurídicos sobre las novedades de la ley. A pesar de que aún es pronto para evaluar el impacto en la productividad, Espadaler ha observado indicios de una ligera caída inicial, que se recupera rápidamente, sugiriendo que la implementación no perjudica a los ciudadanos. "La Justicia no se ha detenido para realizar este cambio", concluyó.