En una acción decidida contra los propietarios que buscan lucrarse ilegalmente con el negocio de los alojamientos turísticos en Barcelona, el Ayuntamiento ha impuesto una multa de 420.000 euros a un propietario de un edificio en el distrito de Ciutat Vella.

Después de meses de investigación exhaustiva por parte de los inspectores municipales de la Dirección de Servicios de Inspección, del distrito de Ciutat Vella y de la Guardia Urbana, se ha constatado que el propietario alquilaba las 14 viviendas del edificio a través de Booking y Airbnb, en claro incumplimiento de la normativa vigente.

El propietario se había valido de diversas artimañas para eludir los expedientes y sanciones municipales. Hasta ahora, argumentaba que alquilaba las viviendas de manera legal con contratos de larga duración a inquilinos que ya estaban alojados ilegalmente.

De esta manera, cuando se acercaba el momento de concluir el trámite administrativo sancionador del Ayuntamiento, la propiedad finalizaba los contratos de alquiler o cambiaba el titular, evitando así las consecuencias legales.

Además, se ha descubierto que para evitar las inspecciones de la administración, los infractores desactivaban y activaban los anuncios en las plataformas, cambiando nombres, fotos y anfitriones.

En una inspección conjunta realizada el pasado mes de abril, se constató que 14 de las 15 viviendas del edificio estaban ocupadas por turistas que se alojaban en pisos sin licencia para ejercer la actividad turística. El único piso restante estaba habitado por una inquilina de renta antigua encargada de la gestión de las llaves y las entradas y salidas de los pisos.

Albert Batlle, teniente de alcalde de Seguridad y del distrito de Ciutat Vella, ha dejado claro que el Ayuntamiento será "impecable" en su actitud ante quienes intenten actuar de la misma manera, con el objetivo de evitar estas flagrantes infracciones.

Además de la sanción económica, el Ayuntamiento también se ha comprometido a enviar toda la información del expediente a la Agència Tributària, para que se investigue cualquier posible irregularidad ante la hacienda pública.