El Parlament ha aprobado este miércoles seguir la tramitación del proyecto de ley de la comunicación audiovisual de Catalunya del Govern tras rechazarse la enmienda a la totalidad presentada por Vox, que sólo ha apoyado su grupo mientras que el resto ha votado en contra y Cs y PP se han abstenido.

La norma, que podrá ser modificada en comisión parlamentaria tras superar el debate a la totalidad, prevé sanciones de hasta 1 millón de euros para quienes inciten a la violencia o "fomenten, justifiquen o banalicen" la violencia machista. También considera muy grave el incumplimiento de medidas sobre contenidos que puedan afectar de manera negativa "al desarrollo físico, mental o moral de niños y adolescentes", y obliga a los prestadores de servicios audiovisuales a informar sobre las imágenes que hayan sido manipuladas o retocadas en relación a la estética.

Además, establece que al menos un 51% de las obras europeas que deben emitir radios y televisiones deberán ser en catalán o aranés; en las plataformas, obligadas a tener un 31% del catálogo de obra europea, la oferta en catalán o aranés tendrá que ser de al menos la mitad.

"Es una ley de país para defender el audiovisual y la lengua catalana", ha recalcado la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, tras explicar que con ella quieren dar un impulso al ámbito comunicativo catalán adaptándose a la transformación que ha vivido el sector y a los nuevos hábitos del público.

Tras criticar a los que piden cerrar TV3, el diputado de PSC-Units, David Pérez, ve necesaria esta ley porque plantea, a su juicio, un nuevo modelo libre de violencias, estereotipos de género y favorece el uso de los idiomas oficiales.

Desde Junts, el diputado Francesc Ten también ha argumentado la necesidad de tener una ley del sector adaptada a la realidad actual para que sea útil y eficaz, y tras cuestionar no haberla aprobado antes que la del Estado, indica que la norma también servirá "para defender el nervio comunicativo del país, la lengua".

"Vamos tarde, muy tarde", ha opinado a diputada de la CUP Dolors Sabater, que ha reclamado poder debatir su contenido en una ponencia y afrontar así cuestiones como el cambio en la gobernanza de los medios locales que se propone en el texto, que considera una auténtica involución, y una mayor concreción de las medidas de fomento y protección de la lengua.

Para la diputada de los comuns Susanna Segovia, el proyecto inicial que se presenta es "poco ambicioso" en diversos temas y ha constatado que el Govern, en minoría legislativa, necesitará llegar a acuerdos con los grupos porque considera que hay cuestiones a mejorar.

La diputada de Cs Anna Grau se ha mostrado en contra de cerrar TV3 porque, a su juicio, lo que debe hacerse es "abrirla a la pluralidad informativa, a la modernidad, al diálogo y al reencuentro", y espera que la nueva ley sirva para evitar que se repitan abusos, ha dicho literalmente, y otras cuestiones.

Desde el PP, la diputada Lorena Roldán ha dudado del ámbito competencial y de aplicación del proyecto porque, en algunos aspectos considera que conculca normativas del Estado y la directiva europea, y ha avisado del riesgo de que Filmin, con sede en Barcelona, se vaya de Catalunya: "Si es lo que pretenden lo están bordando. Establecer negocios en Catalunya con ustedes a bordo es asfixiante. Todo por su cruzada contra el español".

Por parte de ERC, la diputada Raquel Sans ha llamado al resto de formaciones a trabajar conjuntamente para que Catalunya disponga "de la mejor ley posible", y cree que la ley está bien encaminada al haber recibido sólo una enmienda a la totalidad de Vox.