El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha instado a los partidos independentistas a establecer "conjuntamente" el precio de una posible investidura del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de las elecciones generales del 23 de julio. Aragonès ha declarado en una entrevista para Catalunya Ràdio que Catalunya debe poner un precio y acordarlo entre sus partidos.

Aragonès ha enfatizado que la coalición entre los independentistas no se trata solo de impedir una alianza entre el Partido Popular y Vox, sino de negociar "un mínimo compartido". Entre las carpetas a negociar, ha puesto énfasis en cuestiones relacionadas con los derechos y libertades en Catalunya, así como en el día a día de las competencias, recursos y lengua.

El presidente de la Generalitat ha dejado en claro que debe haber un cambio de perspectiva dentro del independentismo, pasando de una dinámica de competencia a una de cooperación, para poder sumar por un proyecto compartido desde la diversidad de posiciones ideológicas dentro del movimiento

Por otro lado, ha puesto como ejemplo de cooperación que ERC facilitara la investidura de la nueva presidenta del Parlamento, Anna Erra, o el pacto cerrado entre Junts y ERC para el Ayuntamiento de Barcelona. Según Aragonès, estos son "pasos en la buena dirección", aumentando la necesidad de continuar en ese camino.

Preguntado sobre si buscará a los comuns y al PSC para los siguientes Presupuestos de la Generalitat, Aragonès afirmó que "primero habrá que analizar el escenario después del 23J", también desde un punto de vista técnico para saber si habrá o no Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2024.

Aragonès ha reiterado su apuesta por un acuerdo de claridad con el Gobierno para celebrar un referéndum de independencia pactado, tras poner en marcha un grupo de expertos que deberán concretar, en un informe, fórmulas para resolver el conflicto político en Catalunya.

El presidente ha acusado al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos por "arrastrar los pies" en los acuerdos sobre el conflicto catalán, exigiendo reformas en el Código Penal. No obstante, ha advertido que si ya era "altamente complicado" conseguir tratos justos de este Ejecutivo central, con un gobierno de PP y Vox sería abiertamente hostil.