Barcelona se encuentra en el centro del debate sobre el futuro del sistema financiero español. En el marco del II Congreso Ordinario de UGT - Servicios Públicos de Catalunya, Pepe Álvarez, su secretario general, ha expresado enérgicamente que la respuesta de la Comisión Europea a la OPA de BBVA sobre Sabadell está profundamente influenciada por “intereses de poderes financieros”. Desde su perspectiva, las decisiones de Bruselas no son independientes y se articulan a través de su presidenta, Ursula von der Leyen.

Álvarez, cuyo discurso se centra en la protección de los intereses del ciudadano y la estabilidad del empleo, ha calificado la OPA de “sin sentido”, argumentando que el sistema financiero español no necesita más fusiones por el momento. La preocupación de UGT radica en las implicaciones que esta operación podría tener para la economía local y los puestos de trabajo, especialmente en áreas rurales que ya se enfrentan a desafíos de despoblación.

El proceso de la OPA ha escalado a niveles más altos, ya que después de recibir el apoyo del Banco Central Europeo y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el Ministerio de Economía ha llevado el asunto al Consejo de Ministros para evaluar si se impondrán condiciones adicionales. Sin embargo, la Comisión Europea se ha mostrado escéptica ante la posibilidad de que el gobierno español bloquee la operación, lo que plantea un dilema sobre la soberanía económica en la toma de decisiones estratégicas.

Álvarez hizo un llamado al Consejo de Ministros para que considere las objeciones planteadas por los sindicatos CC.OO. y UGT, instando a que la fusión no se lleve a cabo. “La responsabilidad del gobierno es asegurar que la relación entre el sector financiero y la ciudadanía se fortalezca, manteniendo el empleo y apoyando a las zonas más vulnerables”, agregó, subrayando la necesidad de un enfoque más humano en las políticas económicas.

En una intervención adicional, el líder sindical también se refirió a la posibilidad de reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales, comparando la situación de España con la de otros países europeos como Alemania, donde la media es inferior a 35 horas gracias a los convenios colectivos. “Es una cuestión de derechos laborales y de dignidad, algo que aún no hemos logrado consolidar en nuestro país”, concluyó Álvarez, enfatizando la necesidad de avanzar en este ámbito para mejorar la calidad de vida de los trabajadores españoles.