BARCELONA, 28 de octubre. La diputada de la CUP en el Parlament, Laure Vega, ha expresado su opinión sobre la reciente ruptura de Junts con el PSOE, ocurrida en Perpignan, Francia. Según Vega, esta decisión no representa un cambio significativo en la postura que ha mantenido el partido de Carles Puigdemont durante su tiempo en el Congreso.

En una rueda de prensa celebrada este martes en la Cámara catalana, Vega manifestó su descontento con la actuación de Junts, señalando que este partido ha votado en contra de iniciativas que buscan expandir los derechos laborales, a la vez que ha apoyado políticas beneficiosas para las grandes corporaciones.

La diputada también expresó su confusión respecto a las recientes actuaciones de Junts, sugiriendo que este partido parece seguir el impulso de las propuestas de Aliança Catalana. "No logramos entender esta nueva puesta en escena", declaró Vega, quien considera que adoptar una postura más moderada en comparación con fuerzas políticas reaccionarias no es aceptable para una entidad que, a pesar de cambiar de nombre, ha sido una voz histórica por la democracia en el país.

En el ámbito de la vivienda, Vega anunció que la regulación de alquileres turísticos y la gestión de habitaciones será un tema central en el próximo pleno. Además, instó a las demás fuerzas políticas a posicionarse entre las necesidades de la amplia mayoría de la clase trabajadora y los intereses de una pequeña élite que se beneficia del negocio de la vivienda.

La CUP, según Vega, ha formado un equipo de juristas enfocados en el ámbito de la vivienda con el objetivo de colaborar con el movimiento por el derecho a la vivienda y proporcionar información relevante. "Es esencial poner fin a la especulación, la vivienda no es un bien para especular; necesitamos que los derechos se reflejen en leyes efectivas", enfatizó.

En relación con el decreto de energías renovables que el Gobierno ha negociado con ERC y los Comuns, Vega indicó que aún no han tenido la oportunidad de examinar el acuerdo en profundidad. Sin embargo, subrayó que aspectos como la vivienda, la energía y los recursos naturales no deben estar exclusivamente en manos del sector privado. "Si hay inversión pública en estas infraestructuras, también deberíamos garantizar un control y propiedad pública sobre ellas", concluyó.