En una clara propuesta de mejorar el acceso a la vivienda en Catalunya, el partido Junts ha solicitado al Govern que destine 2.000 millones de euros anuales para incrementar el parque de viviendas tanto de alquiler como de compra. Esta iniciativa, que se respalda con un documento que detalla las medidas necesarias, ha sido anunciada durante una rueda de prensa en Barcelona.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, no ha tardado en criticar la reciente propuesta del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de crear una empresa pública de vivienda gestionada desde la Administración General del Estado (AGE). Turull ha enfatizado que "en Catalunya, no la necesitamos", subrayando la existencia de entidades locales como el Institut Català del Sòl (Incasòl) y la Agència de l'Habitatge de Catalunya, que ya están operando en este ámbito.

Durante la presentación de su propuesta, Turull expresó su preocupación de que el anuncio hecho por Sánchez pueda ser una excusa para centralizar el control en materia de vivienda. Ante tal posibilidad, el líder de Junts ha instado a incluir en cualquier futura legislación una cláusula que garantice que no afectará las competencias exclusivas de Catalunya en esta área.

"Madrid tiene que pasar recursos y las actuaciones ya las realizaremos desde aquí", agregó Turull, sugiriendo que las comparaciones con el funcionamiento de Renfe no son adecuadas al contexto de la vivienda. Su declaración revela un desconfianza hacia la efectividad de la gestión estatal en un área tan crucial.

Acompañado de destacados miembros de su formación política, como la diputada Glòria Freixa y la diputada en el Congreso Marta Madrenas, Turull presentó 25 propuestas concretas para abordar la crisis de vivienda. En primer lugar, solicitaron la asignación de 2.000 millones de euros anuales, distribuidos entre fondos propios y recursos adicionales, para hacer frente a esta problemática.

Esta propuesta contrasta radicalmente con el plan del Govern, que actualmente asigna 600 millones de euros de financiación propia y otros 500 millones de recursos financieros, totalizando 1.100 millones. Este desajuste en la cantidad refleja las diferentes visiones sobre cómo abordar la crisis habitacional en la comunidad.

Asimismo, Junts propone aumentar la producción de viviendas de protección oficial a 3.000 al año y mejorar el financiamiento estatal para políticas de vivienda, incrementando su asignación del 0,23% al 0,45% del PIB en un plazo de tres años. Este cambio es clave para abordar las serias carencias actuales en este sector.

En su manifiesto, los dirigentes de Junts también se han comprometido a promover una rehabilitación activa de 25.000 viviendas anuales, priorizando aquellas que están actualmente desocupadas. Además, plantearon la necesidad de reducir el IVA en proyectos de rehabilitación que se destinen a alquiler de vivienda habitual a un 10%.

En cuanto a la construcción de nuevas viviendas de protección, resaltan la importancia de mantener la naturaleza de vivienda protegida y proponen facilitar la tramitación de licencias, agilizando los procesos para que las construcciones sean más rápidas y eficientes.

La propuesta también se extiende al desarrollo de suelo público destinado a vivienda de protección, donde se exige establecer plazos de concesión y financiamiento que fomenten la colaboración entre el sector público y privado, asegurando que la propiedad pública se mantenga en todo momento.

Además, Junts se compromete a apoyar a los jóvenes facilitando el acceso a viviendas de uso habitual, así como a eliminar el fraude en contratos de alquiler de temporada y habitaciones con una legislación específica en Catalunya.

Por otra parte, Madrenas ha planteado un sistema de avales para quienes deseen poner su vivienda en alquiler. Este sistema se diseñaría para proteger a los pequeños arrendadores, excluyendo a grandes propietarios como entidades financieras o fondos de inversión, que son quienes suelen tener un mayor impacto en el mercado.

Por último, en el Parlament, se ha propuesto la creación de una ponencia conjunta para desarrollar una ley de vivienda en Catalunya que se base en soluciones más efectivas y menos ideológicas. Turull y Martí han insistido en que ya no se pueden aceptar soluciones basadas en enfoques erróneos del pasado.

En este contexto, también está previsto impulsar iniciativas relacionadas con el alquiler de temporada y la regulación de viviendas de uso turístico, además de reiterar al Gobierno español la necesidad de poner a disposición de las administraciones locales todo el suelo y las viviendas que son propiedad de la Sareb, con el fin de combatir la crisis de vivienda en Catalunya.