El juez de la Audiencia Nacional que investiga a Tsunami Democràtic por su papel en los disturbios que siguieron a la sentencia del Supremo que condenó a los líderes del 'procés' independentista catalán en el otoño de 2019 ha solicitado al Tribunal Supremo que investigue al expresidente catalán Carles Puigdemont, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y otras diez personas por un delito de terrorismo. Según el juez, existen indicios de su participación en la comisión de estos hechos que podrían constituir un delito de terrorismo.
En su escrito, el juez destaca la implicación de Carles Puigdemont, situándolo en el "vértice más alto de la organización" de Tsunami Democràtic y afirmando que su posición como expresidente y líder del independentismo desde Bruselas le otorga una autoridad incuestionable.
El juez también menciona diversos indicios que apuntan a la participación de Puigdemont en el nacimiento y planificación de las acciones de Tsunami, como los mensajes entre su jefe de gabinete y un empresario, las anotaciones en la agenda del primero y el impulso a través de Twitter del lanzamiento de la plataforma. Además, destaca una conversación en la que Puigdemont discute con otro empresario sobre la actitud de los dirigentes políticos catalanes ante la sentencia del 'procés', lo que evidencia su rol de liderazgo en Tsunami.
El juez considera que los actos violentos ocurridos en el Aeropuerto del Prat, donde se utilizaron artefactos y armas, fueron una acción ilícita que podría enmarcarse en un delito de terrorismo. También destaca la importancia estratégica del objetivo de bloquear el aeropuerto, ya que podría haber tenido graves consecuencias para la seguridad del tráfico aéreo nacional e internacional.
El magistrado señala que es necesario investigar quiénes fueron los lesionados durante los disturbios, y determinar si los resultados lesivos son imputables a los responsables de la organización. También destaca los perjuicios económicos causados y la necesidad de esclarecer si el colapso del aeropuerto pudo intervenir en el fallecimiento de una persona de nacionalidad francesa.
En su exposición motivada, el juez analiza las acciones llevadas a cabo por Tsunami en respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo, como la huelga general, el intento de afectar las elecciones generales y el bloqueo de infraestructuras críticas. Además, considera la aplicación de los convenios internacionales en el enjuiciamiento de estos hechos, dado que algunos de los investigados se encuentran fuera de España.
El magistrado concluye que, descartada la figura de la sedición, se podría estar frente a un delito de desórdenes públicos cometido por una organización criminal estructurada, en virtud de los indicios recopilados hasta el momento.