En Barcelona, el 5 de junio, un grupo de destacados exlíderes políticos catalanes y valencianos ha alzado la voz contra la reciente Oferta Pública de Adquisición (OPA) del BBVA sobre el Banco Sabadell, calificando esta maniobra financiera como un acto que va en contra del interés colectivo.

En una publicación difundida en el diario 'Ara', los expresidentes Pere Aragonès, Artur Mas y Ximo Puig, así como un grupo de exconsellers de Economía, han cuestionado la legitimidad de esta fusión, describiéndola como "insólita" e injustificable desde la perspectiva del bienestar público.

Este colectivo ha solicitado al Consejo de Ministros que realice un análisis exhaustivo de la situación, argumentando que hay demasiados elementos en juego que no pueden ser ignorados. Han presentado cinco razones clave para oponerse a la operación: advierten que la OPA intensificaría el desequilibrio territorial existente y provocaría un impacto negativo significativo en el empleo, lo que subraya la necesidad de redistribuir el poder económico que actualmente se concentra en Madrid.

Los expresidentes y exconsellers también alertan sobre el riesgo de una "exclusión financiera", señalando que el cierre de hasta 800 oficinas afectaría desproporcionadamente a regiones con escasa infraestructura bancaria. Además, expresan su preocupación por la posible reducción en el apoyo a las pequeñas y medianas empresas (pymes), que verían limitadas sus oportunidades de financiación.

Otro punto crítico que han planteado es el desarraigo económico que podría acarrear esta fusión. Mencionan que mientras el Banco Sabadell genera el 85% de su margen en España, el BBVA apenas alcanza el 30%, lo que podría llevar a una desconexión entre el capital y el territorio. También advierten que la concentración de poder que acompaña a estas grandes fusiones podría desencadenar riesgos sistémicos capaces de poner en peligro la estabilidad del sistema financiero.

Por último, estas voces reclaman que autoridades de otros países europeos han tomado medidas para bloquear o condicionar propuestas similares, instando al Gobierno español a actuar con "claridad y responsabilidad institucional". Este llamado busca impulsar un modelo bancario que sea más inclusivo, plural y resistente ante las adversidades.