Tres aficionados de los Boixos aceptan penas de hasta tres años de prisión por agredir a un miembro de los Bukaneros en Sitges.
En un desarrollo judicial significativo, la Audiencia Provincial de Barcelona ha dictado sentencia este lunes contra tres individuos vinculados a los Boixos Nois, un grupo considerado ultra del FC Barcelona, quienes fueron hallados culpables de tentativa de homicidio en un caso que involucra a un miembro de los Bukaneros, el grupo ultra del Rayo Vallecano. Los hechos ocurrieron en Sitges en noviembre de 2018, marcados por una brutal agresión motivada por diferencias ideológicas.
La condena, emitida de manera 'in voce', implica que el primero de los acusados recibirá una pena de dos años de prisión por su responsabilidad en el intento de homicidio, con la agravante de haber actuado por motivos discriminatorios en relación a la ideología de la víctima. Además, se le ha impuesto un año adicional por tenencia ilícita de armas prohibidas, aunque el tribunal ha considerado atenuantes por dilaciones indebidas en el proceso.
Los otros dos acusados también fueron condenados por su participación en el mismo hecho delictivo, recibiendo penas similares con las mismas consideraciones agravantes y atenuantes en cuenta. El tribunal ha instaurado una prohibición para que los condenados no se acerquen a la víctima, su lugar de trabajo o cualquier otro sitio que frecuenta, estableciendo una distancia de al menos 1.000 metros durante un periodo de cinco años, lo que añade un componente de protección a la resolución judicial.
La sentencia es firme y considera que de los 42.000 euros que los tres condenados deben abonar como responsabilidad civil, ya han entregado 30.000 euros y se han comprometido a saldar la totalidad de la deuda en un año. Este compromiso económico refleja un intento de reparación frente a los daños causados, aunque no repara por completo el sufrimiento infligido a la víctima.
Todos los acusados han admitido su participación en los hechos y han aceptado las penas acordadas, que estaban significativamente por debajo de los 11 años de prisión que inicialmente solicitaba la Fiscalía. Este acuerdo indica una posible estrategia de defensa frente a las acusaciones, aunque también pone de relieve la necesidad de justicia en casos de violencia ideológica.
El primer acusado, quien posee antecedentes penales, ha visto su pena suspendida con condiciones, incluyendo la obligatoriedad de no delinquir en tres años y la participación en un curso sobre igualdad y no discriminación. Este curso es parte de un enfoque que busca reeducar a los perpetradores, un intento de evitar futuros incidentes relacionados con la violencia de carácter ultraderechista.
Es relevante mencionar que uno de los acusados tiene vínculos familiares con un detenido en la 'Operación Hydra', acción policiaca destinada a desmantelar el grupo criminal asociado a los Boixos Nois, lo que pone en evidencia las conexiones que pueden existir entre los distintos actores involucrados en la violencia estructural vinculada a la ideología extremista.
Los hechos en cuestión comenzaron el 10 de noviembre de 2018, cuando, junto a un menor que ya ha sido condenado, los tres hombres agredieron de forma violenta a la víctima, quien lucía una camiseta de los Bukaneros, un símbolo claramente identificado con el antifascismo y opuesto a la ideología ultraderechista de los Boixos Nois. La motivación detrás de esta agresión fue, según la Fiscalía, el rechazo a la ideología opuesta que representaba la víctima.
Durante la agresión, se empleó una defensa extensible metálica, con la que uno de los acusados golpeó a la víctima en la cabeza hasta en tres ocasiones, mientras los otros continuaban la paliza. Esta violencia desmedida culminó en la ruptura de la camiseta de la víctima, un hecho que simboliza la carga ideológica de la agresión. Como consecuencia de esta paliza, la víctima ha sufrido múltiples contusiones y fracturas, que requirieron intervención quirúrgica en su cara y fémur.
Finalmente, la defensa extensible, hallada en posesión del principal acusado, ha sido confiscada por el tribunal, destacando la seriedad de esta situación y la necesidad de abordar la violencia de grupos ultras desde una perspectiva integral que contemple tanto la justicia penal como la educación y la prevención de futuras agresiones ideológicas.
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