El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado ilegal la limitación del número de licencias de servicios de vehículos de transporte con conductor en el Área Metropolitana de Barcelona, al considerar que esta medida supone una restricción "desproporcionada" a la libertad de establecimiento. Sin embargo, el alto tribunal europeo también ha señalado que puede ser necesario exigir una licencia adicional para garantizar la buena gestión del transporte y del tráfico, la protección del medio ambiente y del espacio público.

La sentencia responde a la cuestión perjudicial remitida por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre el caso de Prestige and Limousine SL, filial de Cabify, que cuestionó el reglamento local de VTC en el Área Metropolitana de Barcelona. En su respuesta, el TJUE ha descartado que la normativa en litigio pueda suponer una ayuda de Estado al sector del taxi porque no compromete fondos públicos.

El Tribunal europeo considera que tanto la limitación de licencias como la exigencia de una autorización específica adicional son "restricciones al ejercicio de la libertad de establecimiento". Una pone límite al número de operadores de VTC en el AMB y la otra limita el acceso al mercado de cualquier recién llegado. Sin embargo, el TJUE también ha señalado que la exigencia de una autorización previa puede ser "necesaria" para los objetivos de interés general, siempre y cuando se base en criterios objetivos, no discriminatorios y conocidos de antemano.

En cuanto al ratio de una licencia de VTC por cada 30 taxis, el Tribunal considera que "no parece idónea" para garantizar la buena gestión del transporte, el tráfico y el espacio público y la protección del medio ambiente. Además, el alto tribunal europeo señala que existen medidas "menos restrictivas" para limitar el posible impacto de la flota de VTC, como la limitación del servicio durante determinadas franjas horarias o la imposición de límites de emisión a los vehículos que circulan por el AMB.