La defensa del ex presidente catalán Carles Puigdemont ha solicitado al Tribunal Constitucional la suspensión de la orden de detención nacional que aún pesa sobre él. Este pedido se ampara en las recientes conclusiones del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, las cuales son clave para respaldar su solicitud.

El escrito, fechado este lunes y al que ha tenido acceso Europa Press, demanda que se interrumpa la medida impuesta por el juez del 'procés' en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, hasta que el Constitucional se pronuncie sobre el recurso de amparo admitido el pasado 7 de octubre.

Según el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, "la suspensión cautelar no solo es procedente, sino que es un requisito jurídico para garantizar la efectividad del recurso de amparo y prevenir daños irreversibles a los derechos fundamentales de mi cliente".

La defensa enfatiza que los daños en este caso no son meramente hipotéticos. Puigdemon ha estado enfrentando restricciones a su libertad de movimiento y su capacidad para realizar actividades institucionales debido a órdenes de detención que, afirman, han sido desactivadas por la reciente ley orgánica de amnistía, respaldada tanto por el Tribunal Constitucional como por los estándares europeos.

En este contexto, los representantes legales del ex presidente sostienen que no se puede anular los efectos de una ley declarada constitucional por la persistencia de medidas penales restrictivas. Además, argumentan que la fase cautelar no debería convertirse en un medio para reabrir un debate constitucional que ya se había cerrado.

La dimensión europea del asunto también se considera fundamental, ya que las conclusiones del abogado general del TJUE ratifican que la ley de amnistía concuerda plenamente con el Derecho de la Unión. Esto refuerza la postura de que mantener la orden de detención en este contexto sería un sacrificio desmedido e incompatible con los principios de proporcionalidad y mínima injerencia.

El documento de defensa se presenta tras las conclusiones del abogado general del TJUE, que aunque menciona la posible incompatibilidad de algunas secciones de la ley de amnistía con el derecho europeo, excluye que esta implique una "autoamnistía" o esté en contradicción con la legislación de la UE sobre terrorismo y asuntos financieros.

Boye subraya que el abogado general ha establecido que la amnistía pertenece al "núcleo de competencias soberanas de los Estados miembros", lo que elimina la posibilidad de que los tribunales nacionales puedan invocar dudas sobre la legislación europea como un impedimento para su aplicación.

Ante este panorama, el abogado considera que el pronunciamiento, junto con la declaración de constitucionalidad de la ley de amnistía, despoja a la orden de detención de cualquier fundamento jurídico válido mientras se tramita el recurso de amparo.

El defensor de Puigdemont aclara que, aunque estas conclusiones no son vinculantes, poseen una "autoridad interpretativa notable". También resalta que el abogado general indica que las amnistías caen bajo la "competencia exclusiva de los Estados miembros", y que "las decisiones sobre la idoneidad, alcance y contenido de una amnistía están fuera del control del Derecho de la Unión".

Para la defensa, tales declaraciones son cruciales para la valoración cautelar, al disipar cualquier duda sobre la validez europea de la norma. Además, se recuerda que la jurisprudencia tiende a seguir la línea argumentativa del abogado general, lo que proporciona a estas afirmaciones una fiabilidad sustancial.

En conclusión, el abogado insiste en que "la amnistía es efectiva desde su entrada en vigor y no puede ser postergada por cuestiones meramente procesales". Asegura que "no hay una duda jurídica razonable que justifique la continuidad de las órdenes de detención en un contexto donde tanto las normativas nacionales como las europeas avalan la eficacia inmediata de la ley de amnistía".