En un llamado urgente, las familias de Catalunya exigen una transformación profunda en el sistema educativo para lograr una mayor inclusión y reducir el uso de pantallas en las aulas.

La petición se dirige a la nueva consellera de Educación y Formación Profesional de la Generalitat, Esther Niubó, quien es instada a destinar el 6% del PIB catalán a la educación pública. Además, se demanda la disminución de las ratios en las aulas, la derogación del decreto de plantillas y mejoras laborales para los profesionales del sector.

En este sentido, sindicatos y entidades educativas como Ustec·Stes, Aspepc-Sps, CC.OO., CGT, Intersindical y UGT se han unido para impulsar estas demandas. Se busca acabar con la segregación, garantizar un adecuado número de docentes para reducir las ratios, recuperar un currículo educativo estructurado y potenciar la especialización de los profesionales de la Educación Secundaria.

La inversión en educación pública es vista como la clave para superar la crisis educativa en Catalunya. Las asociaciones de familias de alumnos, como Affac y Fapaes, instan a aumentar las plazas públicas en todas las etapas educativas, garantizar la gratuidad de los comedores escolares y proteger los derechos digitales de alumnos y profesores.

Desde la plataforma Adolescència Lliure de Mòbil se ha solicitado la prohibición de los smartphones en las escuelas, el uso de materiales educativos no digitales en las aulas y la sensibilización sobre los efectos negativos de las pantallas. Se busca una educación más humana, inclusiva y libre de tecnología invasiva.