El debate sobre el uso de tecnologías de espionaje en España ha cobrado un nuevo impulso con las declaraciones del expresidente de la Generalitat, Artur Mas. Este lunes, en una entrevista para Rac1, Mas no descartó la posibilidad de emprender acciones legales contra el Estado tras revelaciones sobre el supuesto uso del software de espionaje 'Pegasus' en su contra, justo antes de su comparecencia en el Congreso respecto a la famosa 'Operación Catalunya'.

Las afirmaciones estaban respaldadas por un informe de Citizen Lab que señala que Mas fue la primera persona en España y la segunda en el mundo en tener su teléfono comprometido por esta herramienta. Al respecto, Mas expresó su preocupación y enojo, calificando la situación como “una violación total”.

El informe detalla un total de 32 ataques a su dispositivo móvil desde julio de 2015 hasta mayo de 2020. Según Mas, el espionaje comenzó coincidiendo con la anunciada coalición electoral de Junts pel Sí, lo que podría implicar motivaciones políticas detrás de estas acciones.

Aunque están en discusión las posibles acciones judiciales, el expresidente ha indicado que prefiere asistir primero a la comisión en el Congreso este lunes antes de decidir sobre la presentación de una querella.

En cuanto a la comparecencia de la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, Mas se mostró escéptico; considera improbable que ella reconozca cualquier irregularidad, sugiriendo que tal admisión implicaría aceptar una ilegalidad evidente.

Al ser interrogado sobre quién podría estar detrás de este presunto espionaje, Mas manifestó que no puede afirmar con certeza si el responsable es el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), aunque también mencionó que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil podrían haber tenido acceso al programa. “¿Quién de ellos hizo un uso fraudulento y se infiltró en mi móvil? No puedo certificarlo”, apuntó, subrayando que tecnologías como 'Pegasus' solo son suministradas a estados soberanos.

El exmandatario también comparó su situación con la de otros presuntos objetivos del espionaje, como el actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. En su caso, Mas destacó que él no figura en la lista del CNI, lo que implica que no había autorización judicial para interferir sus comunicaciones: “No es mi caso”, concluyó.