El deseado traspaso de competencias fiscales en Cataluña avanza con la promesa de que el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) será gestionado por la Agència Tributària de Catalunya (ATC) a partir de 2026. Este paso ha sido confirmado por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, junto con otros líderes del gobierno, en una reunión crucial que tendrá lugar este lunes.

En un contexto de negociaciones que se han prolongado más de lo previsto, la comisión bilateral entre el Gobierno español y la Generalitat tiene como objetivo principal discutir la propuesta legislativa que se llevará al Congreso. Este encuentro se produce con un retraso significativo respecto a la fecha inicialmente fijada por el acuerdo entre PSC y ERC, que esperaba que las conversaciones se cerraran para finales de junio.

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha manifestado que la decisión de retrasar el acuerdo se debe en parte a la campaña electoral en Andalucía, lo que ha añadido complejidad a una discusión que ya estaba siguiendo un camino complicado. Sin embargo, se ha reportado un aumento en la urgencia de llegar a un consenso tras el escándalo relacionado con Santos Cerdán.

Junqueras ha anunciado que su grupo parlamentario presentará en breve una reforma legislativa crucial que busca garantizar la capacidad de Cataluña de gestionar todo el IRPF. Este es solo el primer paso, ya que, en el futuro, se prevé extender esta gestión al resto del sistema fiscal catalán.

El republicano ha enfatizado la diferencia sustancial que implica poder manejar una cifra de 30.000 millones de euros en comparación a los 5.000 millones que se manejan actualmente. Este significativo primer paso hacia una mayor autonomía fiscal es parte de un acuerdo más amplio que busca establecer un modelo de financiación específico para la región.

El desarrollo de esta ley es fundamental para asegurar que la Generalitat tenga el control sobre la recaudación e implementación del IRPF a partir de 2026. En esta reunión, los participantes se concentrarán en los pormenores que aseguren una transición fluida hacia este nuevo sistema fiscal.

Dentro de los pactos entre PSC y ERC, este modelo de financiación particular es un punto esencial para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. La propuesta incluye la recaudación y gestión de todos los impuestos que competen a la comunidad autónoma.

Es importante destacar que este acuerdo también garantizará un mecanismo de solidaridad con las regiones menos favorecidas, respetando al mismo tiempo el principio de ordinalidad, asegurando que Cataluña mantenga su posición en relación con sus aportaciones y recursos recibidos.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado que los cambios propuestos no darán lugar a desbalances territoriales y permitirá que todas las comunidades autónomas que lo deseen puedan avanzar en el desarrollo de sus estatutos de autonomía.

Desde ERC se argumenta que un modelo de financiación adaptable a otras regiones no significa que carezca de singularidad para Cataluña. El vicesecretario de Comunicación de ERC, Isaac Albert, ha indicado que las negociaciones se asemejan técnicamente a un concierto económico.

La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha reafirmado la importancia de este encuentro, que transformará el acuerdo político en un entendimiento institucional firme entre el Gobierno central y la Generalitat, brindando un nuevo nivel de protección a esta reforma.

Además, el Govern está tomando medidas para fortalecer la ATC, con planes para gestionar el IRPF en el próximo año y ampliar su capacidad en el futuro. En mayo, la Generalitat aprobó la creación de 200 nuevos puestos de trabajo en la ATC, destinados a abordar los nuevos desafíos que presentará este nuevo modelo de financiamiento.

Con la intención de cubrir distintas plazas, la ATC tiene previsto llevar a cabo convocatorias para varios cuerpos de funcionarios, así como atraer talento en el área tecnológica. Las 200 nuevas posiciones se suman a las 50 que ya estaban previstas para el año 2024, lo que indica un compromiso firme por parte de la Generalitat de abordar la gestión tributaria de manera más efectiva en el futuro.