Un reciente informe ha puesto en jaque la situación de los menores migrantes en Catalunya, revelando un alarmante incremento en el número de jóvenes que han sido expulsados del sistema de protección. En los últimos tres años, esta cifra se ha multiplicado por ocho, pasando de 50 a más de 400 casos en solo un par de años.

Según el documento elaborado por Novact, la Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i l'Adolescència (Dgppia), anteriormente conocida como Dgaia, ha cerrado expedientes de desamparo, con un enfoque especial en aquellos jóvenes a quienes se les intentó validar su edad a través de pruebas biométricas. Durante una conferencia en el Col·legi de Periodistes de Catalunya, Clara Calderó, coautora del informe, compartió esta inquietante estadística.

El informe examina diversos contextos relacionados con las fronteras catalanas, centrándose en la llegada de migrantes por mar, la acogida de menores no acompañados en Barcelona y el tráfico migratorio en la frontera catalanofrancesa. Calderó subrayó que, a pesar de la falta de datos oficiales, las investigaciones indican que muchos menores son expulsados de los centros de protección de la Generalitat a pesar de contar con documentos que acreditan su edad.

La abogada Laia Costa complementó esta información, recordando que, según jurisprudencia del Tribunal Supremo, un pasaporte oficial, si no muestra signos de manipulación, debería ser suficiente para situar a un joven bajo la categoría de menor. Sin embargo, la realidad muestra un desdén hacia esta normativa, pues a menudo se ignoran los documentos válidos e imposiciones de pruebas de determinación de edad que son, en última instancia, invasivas y poco precisas.

Además, Costa criticó la desafortunada práctica de someter a menores con documentación a pruebas que, según muchos expertos, son discriminatorias y se basan en datos de una población que no se corresponde con la realidad actual. Las dificultades se agravan para los jóvenes de países como Senegal y Gambia, cuyos pasaportes son cuestionados constantemente, a pesar de que la normativa europea apoye su validez.

La problemática se agrava cuando se considera que, si un menor se niega a someterse a estas pruebas, la Fiscalía lo considera automáticamente mayor de edad, una acción contraria a la presunción de minoría que debería prevalecer en caso de duda. Este ciclo vicioso ha llevado a situaciones extremas y vergonzosas, como el caso de un joven senegalés que, a pesar de contar con la documentación adecuada, terminó en situación de calle tras ser declarado mayor de edad por la Fiscalía.

Como resultado de estas decisiones arbitrarias, muchos menores se ven abocados a la vida en la calle, sin recursos ni apoyo, enfrentándose a obstáculos insuperables para satisfacer sus necesidades básicas. La abogada Úrsula Ruiz, del grupo Irídia, destacó que los jóvenes que son forzados a abandonar los centros de protección a menudo se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema, con escasas opciones para su futuro y afectando gravemente sus trayectorias vitales.

La incidencia de estos casos no solo es una cuestión jurídica, sino que plantea un grave dilema ético y humano. Muchas de estas decisiones se están llevando a cabo sin que se informe adecuadamente a los menores sobre sus derechos, lo que ha llevado a que organismos internacionales, como el Comité de Derechos del Niño, emitan más de 15 dictámenes contra España por violar la Convención de Derechos del Niño en relación a su tratamiento hacia la infancia migrante no acompañada.

El clamor por un cambio en las políticas migratorias es más urgente que nunca, insistiendo en la necesidad de un enfoque que priorice la protección y el bienestar de los menores, en lugar de perpetuar un ciclo de exclusión y desamparo.