El Gobierno de Cataluña y los Comuns han llegado a un acuerdo significativo en la lucha contra los desahucios, que incluye la creación de una nueva unidad dedicada a esta problemática. La medida, que fue confirmada en mayo durante la aprobación de suplementos de créditos, busca abordar de manera proactiva la crisis de vivienda en la región.

Este lunes, la consellera Sílvia Paneque y la secretaria de Vivienda, Lídia Guillén, se reunieron con Jéssica Albiach y Susanna Segovia, líderes de los Comuns en el Parlament, para discutir los detalles del despliegue de estas políticas tan esperadas.

En una posterior conferencia de prensa, Albiach expresó su optimismo, argumentando que tanto la nueva unidad como el registro de grandes propietarios de viviendas ayudarán a poner fin al caos actual en el sector de la vivienda y a combatir el grave problema de los desahucios en Cataluña.

La líder de los Comuns subrayó que la presión social y política ha sido esencial para que el Gobierno actuara y que, a su juicio, cualquier avance es mejor que la inacción. Sin embargo, Susanna Segovia advirtió que las medidas están llegando con un retraso considerable.

La unidad anti-desahucios, que será formalmente aprobada por el Consell Executiu bajo el nombre de Servei de Protecció i Estabilitat Residencial (SPER), dispondrá de un presupuesto de 39,4 millones de euros para el período 2026-2030. Su misión principal será intervenir desde las primeras señales de riesgo de desahucio, buscando evitar que las personas lleguen a perder su hogar.

Con un enfoque proactivo, esta unidad contará con un Referente de Vivienda, que deberá acompañar a los afectados durante todo el proceso, desde el momento en que dejan de pagar el alquiler hasta el eventual desalojo, lo que incluye un seguimiento posterior del estado de las personas desahuciadas.

Para fortalecer esta iniciativa, se incrementarán los servicios de prevención locales y se mejorará la coordinación con la Agència de l'Habitatge de Catalunya, facilitando así la mediación entre propietarios e instituciones financieras.

Asimismo, se habilitará un servicio de atención telefónica para ofrecer apoyo y asesoramiento a los profesionales de las oficinas locales de vivienda. Inicialmente, se establecerá una sede en Barcelona y se proyectan cuatro más en Girona, Lleida, Tarragona y Terres de l'Ebre.

La plantilla de la nueva unidad estará compuesta por 50 profesionales, quienes se incorporarán gradualmente hasta el segundo trimestre de 2026. Segovia ha expresado su deseo de que el proceso se acelere y ha anticipado que es probable que se requiera ampliar el equipo debido a la alta demanda de servicios.

En paralelo, los propietarios que posean más de cinco viviendas estarán obligados a inscribirse en el registro de grandes tenedores, que se presentará próximamente. Esto incluye también propiedades vacías y contará con sanciones que oscilarán entre 9.000 y 90.000 euros en caso de incumplimiento.

Este registro no solo servirá para supervisar el cumplimiento de la ley de vivienda y el control de alquileres, sino que también permitirá a los inquilinos verificar si sus arrendatarios son grandes tenedores, lo que influirá en la regulación de contratos y obligaciones fiscales.

La transparencia y la protección de datos serán fundamentales en este registro, que debe ser de acceso rápido y sencillo para todos los usuarios, facilitando consultas mediante la introducción del DNI o NIF del arrendatario.

Al cuestionar a Albiach sobre si estas medidas abrirán la puerta a nuevas negociaciones en el ámbito presupuestario, la dirigente dejó claro que no se avanzarían hasta que se cumplan los acuerdos previos, añadiendo que esperan la pronta convocatoria para una reunión de seguimiento con el Gobierno.

Respecto a las declaraciones del presidente Salvador Illa sobre la posible prohibición de la compra especulativa de viviendas, Albiach mostró su apertura hacia la idea, aunque comentó que esperaba ver acciones concretas detrás de estos anuncios.