El juez ha dado un plazo de 24 horas a la politica Marta Rovira para que comunique si puede declarar a finales de mayo o principios de junio.

MADRID, 23 May.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional (AN) ha informado al juez Manuel García Castellón de que no es partidaria de emitir órdenes de busca y captura contra los cuatro investigados por los disturbios atribuidos a la plataforma independentista 'Tsunami Democràtic' que no acudieron a su citación este miércoles, solicitando que su declaración se lleve a cabo por videoconferencia.

Fuentes jurídicas han confirmado que el fiscal del caso, Miguel Ángel Carballo, ha recomendado fijar una nueva fecha para las declaraciones de los investigados que no acudieron inicialmente a la citación.

El Ministerio Público recuerda en su informe que es posible celebrar las declaraciones por videoconferencia para garantizar la diligencia, aunque el juez se ha opuesto a esta opción para los investigados que pedían declarar desde el extranjero.

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, solicitó declarar desde Suiza, teniendo su cita suspendida junto con la del empresario Oriol Soler por conflictos de agenda de sus abogados. El juez ha dado 24 horas a las defensas para confirmar si podrán asistir a una nueva fecha propuesta.

En relación a Josep Lluís Alay, el juez ha requerido información sobre su estado de salud ya que su declaración fue suspendida por problemas médicos. En cuanto al considerado tesorero de 'Tsunami' Jaume Cabani, no se ha emitido orden de busca y captura ya que no se ha podido localizar.

La Fiscalía y las acciones del juez se dan tras el interrogatorio este miércoles a la secretaria de Movimientos Sociales de ERC, Marta Molina, investigada en la causa.

En su declaración, Molina sostuvo que 'Tsunami Democràtic' fue un movimiento pacífico que no incitó a la violencia ni a actos terroristas, enfatizando que todos los mensajes enviados eran llamados a la no violencia y la desobediencia civil.

La dirigente de ERC insistió en que solo promovieron una movilización pacífica de la ciudadanía y negó haber incitado a la violencia en ningún momento. Todo esto en la investigación del supuesto papel de la plataforma independentista en los disturbios tras la sentencia del Tribunal Supremo en octubre de 2019.