En un reciente desarrollo político, Xavier Espot, jefe de Gobierno de Andorra, ha rechazado categóricamente las acusaciones de que el gobierno español influyó en la intervención de la Banca Privada d'Andorra (BPA). Espot enfatiza que la decisión de intervenir el banco fue tomada exclusivamente por su ejecutivo, en medio de una crisis que amenazaba con desestabilizar el sistema financiero del pequeño país pirenaico.

Durante una entrevista en La2 y Ràdio 4, recogida por Europa Press, Espot indicó que no posee pruebas que respalden la afirmación de que hubo presión por parte de las autoridades españolas, ni que estas intentaran influir en los responsables políticos andorranos. Esta declaración surge en respuesta a las palabras del ex-presidente español Mariano Rajoy, quien también negó cualquier tipo de coacción en el cierre de la BPA.

A pesar de su contundente negación, el jefe de Gobierno no descartó la posibilidad de que existiera una denominada "policía patriótica" y que algunos directivos de la BPA pudieran haber enfrentado coacciones. Sin embargo, indicó que corresponderá a la justicia investigar estas afirmaciones.

La intervención del banco se produjo tras alarmas emitidas por la Red de Ejecución de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN), que señalaban preocupaciones serias sobre blanqueo de capitales a gran escala. Espot subrayó que esta situación llevó a la intervención que finalmente derivó en la desaparición de la BPA.

En el contexto de las relaciones internacionales, Espot defiende la urgencia y relevancia del acuerdo de asociación de Andorra con la Unión Europea, el cual será sometido a referéndum por la población andorrana. Según él, “Andorra no puede vivir de espaldas a la realidad geográfica, económica y social que le rodea”, destacando la necesidad de integrarse en el entorno europeo.

El primer semestre de 2023, bajo la presidencia española del Consejo de la UE, marcó una aceleración en las negociaciones, y Espot reafirmó que España sigue siendo un aliado fundamental para Andorra en este proceso y en otros aspectos fundamentales para el desarrollo del país.

Otro tema relevante en la agenda del gobierno andorrano es la negociación con la Santa Sede para despenalizar el aborto, un tema bastante sensible en el Principado. Aunque la práctica no podrá llevarse a cabo en el territorio andorrano, se espera que se ofrezcan compensaciones económicas y apoyo a través de los servicios públicos para quienes necesiten asistencia.

Finalmente, Espot expresó su confianza en que Andorra está avanzando hacia un mayor reconocimiento de los derechos cívicos y sociales, afirmando que se establecerá un plazo de dos años para implementar cambios significativos antes de que finalice la legislatura.