La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) ha decidido llevar su disputa legal al Tribunal Supremo, tras la reciente decisión del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que ha declarado nulos varios aspectos de las directrices educativas para el curso 2022-2023 establecidas por la Conselleria de Educación de la Generalitat.

En su fallo, el TSJC ha dado la razón en parte a la AEB, que argumentó que las disposiciones educativas excluían la lengua castellana como lengua vehicular en el ámbito escolar. El tribunal ha emitido una sentencia en la que se anulan varios puntos relacionados con el uso y tratamiento de las lenguas en el sistema educativo, incluyendo el capítulo sobre los objetivos prioritarios y estrategias educativas.

A pesar de que la AEB ya había intentado impugnar estas instrucciones anteriormente, el TSJC había inadmitido su recurso, argumentando que las directrices simplemente reflejaban la normativa existente. Sin embargo, el Tribunal Supremo reabrió el caso, instando al TSJC a evaluar el asunto en profundidad y destacando la falta de reconocimiento del castellano como lengua oficial en sus escritos.

En la sentencia emitida el 14 de abril de 2025, el TSJC refuerza su postura al afirmar que la omisión de la lengua castellana en las instrucciones educativas pone en riesgo su debida representación en el sistema escolar. El tribunal subraya que el catalán es considerado la lengua de la institución, utilizada en todas las actividades, lo que podría generar una desventaja para los hablantes de castellano.

Asimismo, el tribunal ha considerado que las directrices referidas a las líneas estratégicas no aseguran adecuadamente la presencia de ambas lenguas en el currículum escolar, ya que el enfoque parece estar únicamente centrado en el catalán. Sin embargo, el TSJC desestimó otras impugnaciones relacionadas con la rotulación y la atención individualizada en las primeras enseñanzas, estableciendo que estas pueden interpretarse conforme a la legislación vigente.

La AEB ha calificado como un hito importante esta nueva sentencia, no solo por su impacto en un centro específico, sino por su alcance sobre las instrucciones educativas en general. La organización ahora pide a la Conselleria de Educación que reconozca y adecúe su enfoque a la realidad sociolingüística de Catalunya, instando a la titular del departamento, Esther Niubó, a cumplir con las leyes judiciales y a considerar las implicaciones de esta resolución para el próximo curso escolar.