24h Cataluña.

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El Sindicat de Llogateres presenta una queja contra 35 inmobiliarias ante la Generalitat por violar la legislación.

El Sindicat de Llogateres presenta una queja contra 35 inmobiliarias ante la Generalitat por violar la legislación.

Las discrepancias en el mercado de alquiler están causando preocupación en la comunidad de inquilinos de Barcelona. Este lunes, el Sindicat de Llogateres presentó una denuncia ante la Agència Catalana de Consum contra 35 agencias inmobiliarias y 5 propietarios particulares por violar de manera reiterada las normativas relacionadas con el alquiler.

Según el sindicato, se han encontrado hasta 50 anuncios de propiedades en diversas zonas de la ciudad, incluidos barrios como Horta-Guinardó, Eixample y Gràcia, que infringen el decreto ley destinado a controlar los precios del alquiler. Esta situación pone de manifiesto una alarmante falta de cumplimiento en el sector.

Los anuncios cuestionados carecen de información esencial, como el precio de referencia establecido por el índice de alquileres, el contrato arrendaticio previo o datos sobre si el propietario es un gran tenedor. Esta desinformación no solo es un incumplimiento legal, sino que también afecta a los inquilinos que buscan vivienda asequible.

A pesar de la denuncia que abarca a 40 actores del mercado, el sindicato ha manifestado que considera esto solo una pequeña muestra de una problemática más amplia. "Los incumplimientos que hemos encontrado son solo la punta del iceberg, ya que la mayoría de los anuncios siguen sin respetar las normas", señalaron desde la organización.

El sindicato destaca que estos fallos en la regulación permiten que, en muchos casos, se engañe a los inquilinos sobre el precio justo que deberían pagar por sus viviendas. "La falta de información es una estrategia que utilizan algunas inmobiliarias para eludir las restricciones establecidas", afirmaron.

Además, el Sindicat de Llogateres ha criticado la inacción del Govern de Catalunya, que desde la implementación del régimen sancionador en febrero no ha tomado ninguna medida contra los infractores. "Si la administración no toma un papel activo en la supervisión del cumplimiento de la ley, se está enviando un mensaje claro de impunidad a aquellos que operan fuera de las normas", concluyeron.