El PP se niega a respaldar la prórroga presupuestaria de Illa tras desechar las cuentas de Aragonès.
En una declaración realizada este martes en el Parlament de Catalunya, el portavoz del Partido Popular (PP), Juan Fernández, ha manifestado la postura de su grupo político en relación al decreto de prórroga presupuestaria, que se someterá a votación en el pleno de la Cámara catalana este miércoles. Según Fernández, el PP no brindará su apoyo a este decreto, argumentando que se trata de las mismas cuentas que fueron presentadas por el presidente Pere Aragonès.
Durante una rueda de prensa en la sede del Parlament, Fernández evitó especificar si su partido optará por votar en contra o si se abstendrá en la votación, pero realizó una reflexión que resuena con fuerza: “Si ya nos opusimos a los presupuestos de Pere Aragonés en 2022, ¿qué motivo hay para pensar que esta vez apoyaremos su prórroga en 2025?”. Esta declaración resalta la firmeza del PP en su crítica a la gestión presupuestaria del actual gobierno catalán.
El portavoz también señaló que el presupuesto previamente planteado “no logró solucionar ninguna de las problemáticas de quiebra y decadencia que enfrenta Catalunya”, empeorando la perspectiva de que este nuevo decreto pueda ser diferente, y reiteró su convicción al afirmar que “esto tampoco servirá ahora, en 2025”.
En un contexto más amplio, Fernández se refirió al acuerdo alcanzado ese mismo día entre el Gobierno central y Junts para la aprobación de un nuevo decreto ómnibus en el Consejo de Ministros. Su valoración fue clara: si las medidas contenidas en el decreto “van en la misma dirección que lo anterior”, no habrá ningún cambio en la posición del PP respecto a este tema.
Por último, el dirigente popular no escatimó en críticas hacia la conducta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien tildó de actuar con “verdadera vergüenza” al presentar el decreto ómnibus. Asimismo, Fernández reprochó que se intentase “aprobar por la puerta de atrás” cuestiones tan controvertidas como la protección a la ocupación y la transferencia de un palacete al PNV en París, dejando entrever su descontento ante lo que considera una falta de transparencia en la gestión gubernamental.
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