El Parlament ha presentado sus alegaciones a la Junta Electoral Central (JEC) tras la petición para retirar el escaño a la presidenta suspendida de la Cámara, Laura Borràs, sin sentencia firme del Tribunal Supremo (TS). La JEC dio diez días al Parlament para informar de las medidas para retirar el acta a Borràs, quien fue condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por prevaricación y falsedad documental.

En sus alegaciones, el Parlament ha argumentado que la petición de la JEC es "innecesaria y desproporcionada", y ha expresado que se trata de una condena penal que aún puede ser revisada en vía judicial. Los letrados del Parlament han pedido a la JEC que desestime los escritos presentados por Vox, Cs y PP por los que se pide que se declare la concurrencia de inelegibilidad sobrevenida a Borràs.

Los letrados del Parlament han apuntado que "cuando se ejerce el cargo de diputado, las únicas causas de cese o suspensión del mismo lo son por incompatibilidad, no por inelegibilidad". Han recordado que Borràs ya tiene los derechos y deberes parlamentarios suspendidos desde el 28 de julio de 2022, por lo que "no corresponde en este momento adoptar ninguna decisión, resolución o medida" derivada de la sentencia del TSJC.

El Parlament ha expresado "su discrepancia" con la doctrina actual, alegando que no respeta la competencia y autonomía de la Cámara. Han expuesto que la JEC no es "la autoridad competente para resolver sobre las situaciones de incompatibilidad que puedan producirse cuando un diputado ya está en pleno ejercicio del cargo", y que es materia propia del derecho parlamentario y su aplicación corresponde a los órganos de las cámaras.

También han señalado que Borràs no ha sido condenada por motivos terroristas, por lo que "no concurren las circunstancias extraordinarias que justifican excepcionalmente la restricción del derecho a representación política" sin una sentencia firme.