El Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha emitido un informe este jueves que pone de relieve que ciertos aspectos de la Ley Orgánica de Amnistía (LOA) podrían entrar en conflicto con la normativa comunitaria, especialmente en lo que se refiere al plazo de dos meses para determinar la aplicabilidad de esta ley en casos concretos. No obstante, el letrado ha rechazado la acusación de que la ley suponga una "autoamnistía" o que interfiera en la legislación de la UE sobre terrorismo y asuntos financieros.

Este dictamen, aunque no sea vinculante para el TJUE, suele influir significativamente en las decisiones del alto tribunal. Además, el abogado ha advertido acerca de la posibilidad de levantar medidas cautelares mientras se espera una resolución de la corte en Luxemburgo.

El TJUE se enfrenta a varias cuestiones prejudiciales conectadas con la implementación de la amnistía, aunque hasta el momento solo han tenido lugar audiencias sobre dos de estos casos. El abogado Dean Spielmann se centra en el uso de fondos públicos por parte del expresidente catalán Carles Puigdemont para financiar el referéndum del 1 de octubre de 2017, que fue declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.

El segundo asunto en discusión aborda una pregunta de la Audiencia Nacional relacionada con varios miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR), quienes están acusados de terrorismo. El tribunal está interesado en saber si la aplicación de la amnistía en este contexto podría entrar en desacuerdo con el Derecho comunitario y, por lo tanto, con la posible impunidad por delitos cometidos.

En cuanto a la opinión expresada sobre el Tribunal de Cuentas, el abogado concluye que la amnistía no afecta a los intereses financieros de la Unión Europea, dado que no hay evidencia de un vínculo directo entre las acciones implicadas y la reducción de fondos destinados al presupuesto de la UE.

Por otra parte, el letrado también ha expresado preocupaciones sobre el derecho a un juicio justo, sugiriendo que el plazo de dos meses para decidir sobre la aplicación de la amnistía podría ser insuficiente. Esto plantea dudas sobre la capacidad de los órganos judiciales para operar con la debida independencia, especialmente en el contexto de la procedencia de los fondos utilizados.

En este mismo sentido, el informe critica que solo el Ministerio Fiscal y las administraciones públicas puedan recurrir las decisiones de archivo, lo que limita el acceso a un debate judicial completo por parte de las acusaciones populares, impidiendo una adecuada discusión sobre los elementos fundamentales del caso.

Finalmente, el Abogado General argumenta que no se puede obligar a los tribunales nacionales a emitir una resolución de absolución ni a levantar medidas cautelares en un plazo de dos meses, especialmente si el TJUE aún no ha dado su veredicto sobre alguna petición relacionada.

En lo que respecta a la situación de los miembros de los CDR, el letrado considera que no hay un choque con la directiva europea en materia de terrorismo, afirmando que la ley española no limita la eficacia de la legislación comunitaria. De hecho, sostiene que la ley refleja un contexto de reconciliación política y social y que no se trata de una "autoamnistía".

El abogado también afirma que la LOA sigue estándares internacionales y establece límites claros entre las conductas que pueden beneficiarse de la amnistía y aquellas que deben enfrentar sanciones penales, cumpliendo así con los principios de igualdad y no discriminación.

Sobre la reacción de Bruselas al dictamen del Abogado General, su portavoz de Justicia y Estado de Derecho, Markus Lammmert, ha manifestado que el Ejecutivo comunitario prefiere no comentar hasta que el TJUE tome una decisión, aunque han tomado nota de la opinión presentada y continuarán observando el desarrollo de los eventos.