Una red criminal ha sido desmantelada por las autoridades, revelándose como responsable de la falsificación de facturas utilizando una amplia variedad de datos personales recopilados de individuos en diferentes países. Estos datos fueron obtenidos a través de la compra y venta de entradas para partidos de fútbol de diversas competiciones oficiales, según han explicado las fuerzas de seguridad españolas.

En un desarrollo relacionado, la Guardia Civil ha detenido a tres sospechosos en Barcelona que, aparentemente, tienen vínculos con una estructura logística de Hezbolá. Uno de los detenidos ha sido enviado a prisión tras su presentación ante la Audiencia Nacional, debido a su posible implicación en la fabricación de drones de combate, también conocidos como "kamikazes", diseñados para atacar a Israel.

Este golpe a la estructura delictiva se considera la continuación de una operación iniciada el año anterior, enfocándose en la producción de drones capaces de volar grandes distancias y con la capacidad de variar su trayectoria, lo que representa un desafío significativo para los sistemas de defensa avanzados, como el famoso Iron Dome de Israel.

La investigación ha desvelado que la red criminal utilizaba falsificaciones de facturas, amparándose en los datos obtenidos de las transacciones de entradas de fútbol. Este método les permitió fragmentar la adquisición de componentes para drones, dificultando su detección por los mecanismos de control usuales.

Desde el 7 de octubre de 2023, Hezbolá ha intensificado sus operaciones contra Israel mediante una serie de ataques utilizando cientos de drones, lo que ha resultado en víctimas y daños materiales. La Guardia Civil subraya que el ala militar de Hezbolá está catalogada como terrorista por la Unión Europea, marcando la gravedad de la situación.

En esta operación, se llevaron a cabo detenciones en Barcelona, y los agentes registraron varias propiedades que funcionaban como domicilios de los investigados, así como sedes de empresas españolas que, aparentemente, estaban implicadas en la compra de material para la fabricación de estos drones.

Estas empresas habrían eludido los controles aduaneros y los mecanismos de supervisión de actividades comerciales, ocultando la verdadera naturaleza y destino de sus envíos de materiales, que eran enviados desde España y otros países hacia el Líbano, según informes de la Guardia Civil.

El año pasado ya se había puesto en marcha una primera fase de esta operación, que había resultado en la captura de tres personas en España y una más en Alemania, todas acusadas de haber participado en la construcción de más de mil drones para el grupo chií libanés, un emprendimiento que representa una amenaza significativa para la seguridad regional.

La cooperación internacional ha sido clave en esta operación, coordinada a través de EUROJUST. Se llevaron a cabo acciones policiales simultáneas en varios países, con la colaboración de varias agencias de seguridad, incluyendo la DGSI de Francia y la policía nacional de Alemania.

El Juzgado Central de Instrucción número 1, junto con la Fiscalía de la Audiencia Nacional, ya ha comenzado a interrogar a los detenidos en Barcelona, tras lo cual se ha decidido enviar a prisión a uno de ellos, mientras que los otros dos han sido puestos en libertad con medidas cautelares.