En un esfuerzo por proteger a los consumidores catalanes, la Conselleria de Empresa y Trabajo de la Generalitat ha puesto en marcha una ambiciosa campaña de vigilancia en el marco del Black Friday. Con la colaboración de la Agència Catalana de Consum (ACC) y la Direcció General de Comerç, se están monitorizando 10.000 productos con el fin de identificar posibles engaños en las ofertas especiales que dominan esta temporada.

Esta iniciativa, que se anunció el pasado lunes, se dirige a 155 empresas de sectores clave como la electrónica, la moda y los complementos del hogar, áreas donde los descuentos suelen tener un mayor impacto. Las inspecciones comenzaron dos meses antes del evento comercial, que está programado para el 28 de noviembre, con el objetivo de descubrir subidas de precios intencionadas que pretenden engañar al consumidor sobre el verdadero valor de las rebajas.

El enfoque de la campaña se intensifica especialmente en aquellas empresas que ya habían sido inspeccionadas anteriormente y que incumplieron normativas en el pasado. La Generalitat busca no solo monitorizar, sino también aplicar sanciones más severas en casos de reincidencia, basándose en la experiencia acumulada de años anteriores.

En paralelo, el Consell de Gremis ha establecido un acuerdo con la ACC que permitirá la creación de un canal digital para que los comerciantes puedan presentar quejas y reclamaciones relacionadas con posibles fraudes. Este esfuerzo es parte de una estrategia más amplia que busca asegurar una competencia justa y transparente en el mercado, al mismo tiempo que facilita el seguimiento de los casos reportados.

Las infracciones que vulneren los derechos de los consumidores pueden conllevar sanciones de hasta 100.000 euros, mientras que aquellas que violen la normativa de Comercio podrían enfrentarse a multas de hasta 20.000 euros. Esta rigurosidad en las sanciones se implementó tras la alarmante revelación de que el 77% de los comercios inspeccionados durante el Black Friday pasado presentaron irregularidades.

Las inspecciones realizadas hasta la fecha en 2024 han dado pie a la apertura de 45 expedientes sancionadores dirigidos a empresas que no han cumplido con la normativa. Este es un claro indicador de la determinación de la Generalitat por garantizar un entorno comercial que proteja los derechos de los consumidores en Cataluñа.