En un movimiento trascendental para el mundo del fútbol, la Fiscalía Provincial de Barcelona ha puesto bajo la lupa al ex presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, junto con un grupo de directivos de su era, por un presunto delito continuado de administración desleal. Esta investigación se centra en varias operaciones financieras sospechosas que habrían afectado negativamente las arcas del club, según informa Europa Press.

El enjuiciamiento no se limita a Bartomeu, ya que el Ministerio Público también ha señalado a figuras clave de la gestión del club durante esos años, incluyendo al exdirector general Òscar Grau y al exdirector de servicios jurídicos, Roman Gómez Ponti, quienes enfrentan acusaciones similares.

La Fiscalía ha identificado a un total de 11 implicados, entre los que se encuentran otros exdirectivos e intermediarios que habrían jugado un papel crucial en las operaciones analizadas. Se les imputa a todos el mismo delito de administración desleal, lo que pone de manifiesto la magnitud del caso y la posible implicación de más miembros de la Junta Directiva que ejercieron funciones entre 2015 y 2019.

Todo comenzó tras la denuncia presentada en enero de 2022 por el Secretario de la Junta Directiva del Barça, lo que llevó a la Unidad Central de Blanqueo y Delitos Económicos de los Mossos d'Esquadra a investigar cómo se manejaron los recursos del club durante el mandato de Bartomeu. La Fiscalía considera que han surgido pruebas que justifican la acusación de administración desleal.

La investigación revela que, hasta diciembre de 2017, cualquier contrato que sobrepasara los 200,000 euros requería la aprobación de la Junta Directiva. A partir de esa fecha, se instituyó el Comité de Adjudicaciones y Aprobaciones, encargado de validar contratos entre 200,000 y 1 millón de euros, mientras que los que superaran este último importe aún debían pasar por la junta.

Sin embargo, la Fiscalía sostiene que Bartomeu, quien estuvo al mando desde el 23 de enero de 2014 hasta el 28 de octubre de 2020, actuó en colaboración con otras partes para llevar a cabo decisiones que perjudicaron los intereses económicos del club.

Entre las operaciones señaladas está el fichaje de Malcom, delantero adquirido del FC Girondins de Burdeos. Según la Fiscalia, se pagaron hasta 10 millones de euros en comisiones a intermediarios no contratados formalmente por el club, lo que podría haber significado una pérdida de recursos significativa.

Asimismo, se ha puesto en entredicho el propósito de los honorarios pagados a abogados para alcanzar un acuerdo entre el FC Barcelona y las autoridades en el denominado 'caso Neymar I'. Bartomeu, junto a Grau e Ignacio Mestre, presuntamente orquestó el pago de 950,000 euros y una factura final de 769,111.94 euros al abogado José Ángel González Franco sin consultarlo con la Junta Directiva, lo que podría considerarse una falta grave de lealtad y diligencia en su gestión.

La Fiscalía también resalta que estos pagos fueron efectuados a González Franco sin su implicación en el proceso de conformidad, lo que añade una capa más de complicidad a la situación. Otro aspecto que revisa la investigación es la asignación de 1.5 millones de euros destinados a la creación del Espai Barça.

El Juzgado de Instrucción 16 de Barcelona ha programado comparecencias para Bartomeu, Grau y Gómez Ponti el próximo 24 de octubre, mientras que González Franco deberá presentarse el 4 de diciembre. Ignacio y Jordi Mestre también serán llamados a declarar el 7 de noviembre, marcando un nuevo capítulo en esta compleja historia de altos cargos en el fútbol español.