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Barcelona: Hacienda recupera más de la mitad del dinero defraudado en 2022 según sentencias

Barcelona: Hacienda recupera más de la mitad del dinero defraudado en 2022 según sentencias

El sistema judicial español sigue enfrentando problemas para castigar de manera efectiva los delitos económicos, ya que el 37% de los acusados lograron reducciones de pena debido a retrasos en los procesos judiciales. Esta preocupante situación ha sido revelada por la fiscal delegada del servicio de Delitos Económicos en la Fiscalía de Barcelona, Carmen Martín, durante la presentación de la memoria de la Fiscalía de Barcelona de 2022.

De acuerdo con Martín, la Agencia Tributaria logró recuperar el 51% del dinero defraudado que se reflejó en las sentencias condenatorias en la provincia de Barcelona el año pasado. Sin embargo, esto representa solo 14 millones de los 27 millones de fraude que se condenó en total. En el año anterior, 2021, la cifra defraudada fue de 46 millones y Hacienda solo logró recuperar 10 millones, lo que equivale a un preocupante 23%.

Es importante destacar que gran parte del dinero recuperado por Hacienda proviene de acuerdos entre la acusación y la defensa, en los cuales el acusado confiesa a cambio de una rebaja en la pena. Esto implica que, en muchos casos, los responsables de delitos económicos logran evitar la prisión mediante el pago de multas. Sin embargo, cuando el condenado no devuelve el dinero defraudado, Hacienda cuenta con un servicio de recaudación que busca cuentas en el extranjero, aunque los resultados suelen ser mínimos.

Otro dato preocupante revelado por Martín es que el 37,2% de los condenados por delitos económicos obtuvieron una atenuante de dilaciones indebidas en sus sentencias. Esta atenuante implica una reducción de la pena y evidencia que los procesos judiciales relacionados con este tipo de delitos suelen alargarse más de lo estipulado.

En resumen, los datos presentados por la fiscal delegada del servicio de Delitos Económicos en la Fiscalía de Barcelona muestran la necesidad de mejorar el sistema judicial para garantizar una respuesta efectiva a los delitos económicos. Es fundamental agilizar los procedimientos judiciales y aumentar el porcentaje de dinero defraudado que se recupera, así como evitar que los responsables eludan la prisión a través de acuerdos que implican únicamente el pago de multas.