Laia Bonet ha expresado que el nuevo enfoque del Ayuntamiento de Barcelona es una manifestación de "sabiduría lógica" al abordar la problemática del alquiler temporal.

Este martes, la administración municipal presentó una renovada propuesta de colaboración a Airbnb que, entre otros aspectos, establece que los anuncios considerados ilegales deben ser eliminados en un plazo máximo de 48 horas. Esto contrasta con el convenio anterior, donde la eliminación podía extenderse de 10 a 15 días.

Bonet, primera teniente de alcalde, puntualizó en declaraciones a la prensa que las solicitudes planteadas en este nuevo convenio son "exigencias de sentido común". "Solicitamos aspectos tan básicos como la veracidad de la información en su plataforma, que los datos de los alojamientos sean precisos y que la identidad del anfitrión sea verificada antes de publicar un anuncio. No podemos permitir que aparezcan perfiles ficticios como 'James Bond'", añadió.

Además, el acuerdo renovado exige a Airbnb implementar un control exhaustivo sobre la legalidad de los alojamientos que se publicitan. Para lograrlo, la plataforma deberá proporcionar mensualmente al Ayuntamiento la información sobre los anuncios, facilitando así la identificación de aquellos que deben ser eliminados mientras no estén debidamente registrados en la Finestreta Única Digital d'Arrendaments.

Otro aspecto relevante comentado por Bonet es la modernización de la comunicación con la plataforma, que actualmente se realiza a través de correspondencia postal enviada a Irlanda. "En la era digital, especialmente con plataformas como Airbnb, no es razonable que la comunicación se realice a través de cartas postales", enfatizó.

El nuevo acuerdo también contempla la necesidad de que se compartan los datos de las cuentas bancarias asociadas a los pagos realizados a través de la plataforma, con el objetivo de mejorar la trazabilidad de las transacciones y fortalecer la lucha contra el fraude.

Además, para los anuncios de alquileres de corta duración (menos de 32 días), se exigirá incluir el número de licencia de uso turístico, que a partir de este julio será reemplazado por un registro único de arrendamiento proporcionado por el registro de la propiedad. Para aquellos alquileres de más de 32 días, no se podrá activar el calendario para reservas cortas sin tener una licencia vigente y solo se podrán anunciar alojamientos que estén debidamente registrados en la ventanilla única estatal.

Bonet indicó que se otorgará un plazo de 15 días a Airbnb para que responda a la propuesta y expresó su deseo de llegar a un acuerdo. Sin embargo, advirtió que en caso de rechazo, no se negociará ninguna de las exigencias planteadas. "Como mencionamos anteriormente, nuestros equipos están evaluando todas las vías legales, ya sean civiles, administrativas o penales, para asegurar la correcta aplicación de la normativa en un tema tan delicado como el acceso a la vivienda", concluyó.