Antoni Castells, exconseller de Economía de la Generalitat y actual director del think tank EuropeG, sostiene que es posible establecer un sistema de financiación específico para Catalunya que respete los principios de solidaridad y que, al mismo tiempo, sea completamente constitucional. Durante una entrevista con Europa Press, Castells expone su visión de una reforma integral que no solamente beneficie a Catalunya, sino a todas las comunidades autónomas en España.

El exconseller destaca que la idea de una financiación singular para Catalunya tiene sus raíces en el Estatut aprobado en 2005, documento que él defendió en su momento. Sin embargo, señala que a lo largo del tiempo esta propuesta ha sufrido diferentes modificaciones y recortes.

En este contexto, el Cercle d'Economia ha manifestado que la reforma del sistema de financiación no puede ser postergada ni desaprovechada en la coyuntura actual. Castells menciona que aunque se repita que "ahora es el momento crucial", históricamente estas reformas se han planteado principalmente cuando Catalunya ha liderado su petición, lo que ha generado tensiones con otras autonomías.

El economista recuerda que los intentos de Catalunya por cambiar el sistema de financiación han sido históricamente descalificados y criticados por otras comunidades. A pesar de estos retos, Castells subraya que tras lograr los cambios, los beneficios se han extendido más allá de Cataluña.

En cuanto al actual acuerdo entre ERC y PSC, Castells se muestra escéptico sobre el significado de "financiación singular" y plantea dudas sobre si esto implicará que solo Catalunya reciba beneficios específicos, lo que podría dificultar la generalización de mejoras para el resto de las comunidades.

Castells argumenta que Catalunya aspira a tener poder sobre su propia recaudación fiscal, un rasgo distintivo de los gobiernos intermedios en sistemas federales, a diferencia de otras autonomías que buscan simplemente mayor financiación y un reparto más favorable de recursos.

El economista sostiene que es factible implementar tanto un modelo singular para Catalunya como una reforma más amplia para el resto de las comunidades, insistiendo en que el Govern debería clarificar lo que entiende por "financiación singular".

Castells está al tanto de las propuestas que surgen del acuerdo entre ERC y PSC, el cual se basa en una iniciativa de 2005 que fue modificada años después a través de intervenciones políticas que diluyeron su esencia original. En este sentido, expresa su apoyo a los principios defendidos desde entonces.

Defiende que la Administración Tributaria de Catalunya sería la encargada de manejar todos los impuestos en la región, un objetivo que considera tanto ambicioso como esencial para la autonomía fiscal. A su juicio, la Agencia Tributaria estatal cuenta con recursos suficientes, y el éxito de la agencia catalana dependerá de una estrecha colaboración inicial.

Critica que ciertas fuerzas políticas, como el PP, perciban cualquier avance hacia una mayor autonomía como una amenaza para la unidad nacional. Castells comparte su visión de un modelo federal en España, aunque sugiere que la mayoría de las autonomías no comparten ese enfoque, manifestando su desconfianza en la posibilidad de avanzar hacia un modelo que reconozca la plurinacionalidad del país.

Según el economista, en el contexto español actual, el reconocimiento de la diversidad nacional es crucial, y menciona ejemplos internacionales donde se han encontrado soluciones particulares a problemáticas nacionales. Este reconocimiento, subraya, fue parte de la intención original de la Constitución, que se ha visto desvirtuada con el tiempo.

Castells añade que no existe un modelo federal en el mundo que tenga una capital como Madrid, lo que, a su juicio, dificulta la igualdad de competencia entre territorios en el Estado español.

En relación a la necesidad de una financiación singular para Catalunya, Castells argumenta que la Constitución no prohíbe este tipo de acuerdos y que, en su opinión, tales iniciativas serían plenamente constitucionales. Sin embargo, enfatiza la urgencia de proponer una actualización de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas, que homogenizó el sistema actual sin ser estrictamente necesaria.

En cuanto a la UE, Castells, a cargo de EuropeG, cree que esta debería avanzar hacia una unión fiscal que permita una mejor distribución de las competencias tributarias entre los estados miembros, sugiriendo que ciertos impuestos, como el de sociedades, deberían gestionarse a nivel europeo para evitar la competencia fiscal destructiva.

Finalmente, frente a las recientes subidas arancelarias anunciadas por Donald Trump, Castells advierte que este tipo de medidas perjudican a la economía global y pueden generar un efecto dominó perjudicial en las cadenas de producción. Se muestra optimista de que estos movimientos provocarán reflexiones en la administración estadounidense sobre el impacto negativo de tales políticas en su propia economía.