24h Cataluña.

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Antifrau recibe 28 peticiones de protección a alertadores y abre 23 expedientes en 2020.

Antifrau recibe 28 peticiones de protección a alertadores y abre 23 expedientes en 2020.

La Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) logró un hito histórico en 2023 al registrar cifras récord de actividad desde su creación en 2009.

BARCELONA, 6 May.

El año pasado, la OAC recibió 28 solicitudes de protección por parte de alertadores de corrupción, y abrió un total de 23 expedientes, según informó en un comunicado.

La memoria de 2023 presentada al Parlament detalla que se alcanzaron cifras nunca antes vistas en la resolución de expedientes, número de denuncias, medidas adoptadas como resultado de investigaciones, y participantes en actividades de formación.

El documento recopila por primera vez datos sobre las nuevas competencias de Antifrau como autoridad independiente para la protección de alertadores, aprobadas por el Parlament en 2023. Esto implica la posibilidad de tomar medidas de protección, gestionar canales de información internos, y administrar denuncias externas.

Desde 2018 hasta 2023, la OAC ha recibido un total de 36 solicitudes de protección, otorgando la condición de persona protegida a 22 de ellas, negando 13, y rechazando una.

Además, la Oficina se encarga de supervisar la existencia de sistemas de información internos en el sector público y privado, habiéndose registrado 1.368 empresas y 146 entidades públicas hasta la fecha. Un servicio de consultas ha atendido 300 solicitudes.

El año pasado se registraron 827 denuncias, una cifra sin precedentes que representa un aumento del 256% respecto al promedio de denuncias recibidas entre 2010 y 2022.

La mayoría de las denuncias (67,7%) fueron presentadas de forma anónima, mientras que un 19,3% provino de particulares y un 5% de grupos políticos.

En cuanto a las entidades implicadas en las denuncias, el 35,6% estaban relacionadas con ayuntamientos, el 1,6% con la Generalitat, y el 5,2% con otras entidades administrativas. Un 41% de las denuncias se referían a presuntas irregularidades en contratación pública.