En la jornada del jueves y viernes, agricultores de Cataluña se manifestaron en diversas localidades para expresar su preocupación por el reciente acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Mercosur. Temen que este pacto, más que beneficiarles, en realidad favorezca a grandes corporaciones, dejando de lado sus necesidades y derechos como productores locales.

Rafel Verdiell, un arrocero que cultiva 100 hectáreas en el Delta de l'Ebre (Tarragona), compartió su visión sobre los efectos adversos que la asimetría regulatoria entre la UE y Mercosur podría traer. Verdiell argumenta que esta situación propiciará una competencia desleal, ya que permitirá la importación de productos que no cumplen con los rigurosos estándares ambientales europeos.

El agricultor denuncia que los intereses en juego no son más que una burla para los agricultores locales. "Se aprovechan de una mano de obra barata en esos países y nos ponen en jaque", advirtió, al tiempo que enfatizó la imposibilidad de competir con las condiciones de producción en Mercosur.

El acuerdo, que ha recibido luz verde en los últimos días, podría tener consecuencias diferenciadas en varios sectores de la economía catalana. Mientras la industria automotriz podría beneficiarse de una reducción de aranceles, sectores como el agroalimentario, en particular el del arroz, podrían ver una disminución en su competitividad.

De acuerdo con un estudio de Acció, la agencia para la competitividad de la empresa de la Generalitat de Cataluña, esta comunidad autónoma representa el segundo mayor importador de productos de Mercosur en España, con un 20,8% del total, solo detrás de Andalucía. Las importaciones de productos agrícolas, como habas, frutas, aceite, arroz y carne, han crecido un 58% entre 2020 y 2023, constituyendo el 70% del total.

El informe también menciona que la reducción de aranceles generará un aumento en la competencia, lo que podría perjudicar a los productos agrícolas catalanes que también se exportan a la UE, tales como el arroz y el vino.

Josep Antoni Vidal, responsable del sector arrocero en Unió de Pagesos y propietario de explotaciones en el Delta de l'Ebre, sostiene que el verdadero propósito de este acuerdo parece ser el de generar beneficios para grandes distribuidoras, más que una ayuda real a los productores locales. Utiliza como ejemplo la iniciativa 'Todo excepto armas', que aunque busca facilitar el comercio con países en desarrollo, no ha logrado mejorar la situación económica de sus poblaciones.

Además, el informe de Acció advierte sobre la entrada de productos cuya producción es menos regulada y que podría suponer una amenaza para la carne de cerdo y el aceite de oliva catalán, afectando así a las exportaciones de estos productos.

Rossend Saltiveri, ganadero de cerdos en Ivars d'Urgell (Lleida), señala que las diferencias en las normativas de calidad y sanidad entre la UE y Mercosur complicarán aún más la comercialización de la carne de cerdo en un contexto ya afectado por la peste porcina africana. Saltiveri recalca la necesidad de que cualquier producto importado cumpla con los mismos estándares que los que se exigen a los productores europeos.

A pesar de las manifestaciones de descontento por parte de los agricultores, que comenzaron en Cataluña y se extendieron a otras naciones europeas como Francia, Alemania y Grecia, el acuerdo fue aprobado por una mayoría calificada en el conjunto de Estados miembro. Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo; Francia, Hungría, Polonia, Austria e Irlanda se opusieron, y Bélgica optó por abstenerse, mientras que España se posicionó como uno de los principales apoyos del pacto.

El ministro de Agricultura, Luis Planas, defendió recientemente el acuerdo como una oportunidad, no solo para la economía general, sino también para el sector agroalimentario. Por su parte, Òscar Ordeig, conseller de Agricultura de Cataluña, se mostró optimista y afirmó que el sector primario podría ser competitivo si se establece un marco de igualdad y claridad en las reglas de juego.

Ordeig también hizo un llamado a buscar soluciones consensuadas con los agricultores para resolver los bloqueos en las carreteras, evitando así un daño económico significativo para la región.