La situación en Barcelona en torno a la vivienda protegida y los proyectos de infraestructuras ha generado un intenso debate político. Janet Sanz, la representante de BComú en el Ayuntamiento, ha hecho un llamado urgente a los socialistas del PSC para que se opongan a cualquier iniciativa que implique la construcción de una nueva terminal de cruceros en el Puerto, en respuesta a las recientes declaraciones del teniente de alcalde de Economía, Jordi Valls.

Sanz subraya que la propuesta de creación de una terminal de cruceros de lujo no es un rumor sino un hecho tangible, aludiendo a la postura del PSC bajo el liderazgo de Jaume Collboni. En una entrevista transmitida por Ser Catalunya y recogida por Europa Press, Sanz afirmó que “está escrita” la intención del partido socialista y remarcó la crítica hacia Valls, quien descalificó las preocupaciones de BComú calificándolas de "fantasía".

Ante esta situación, Sanz reiteró su petición a los socialistas para que eliminen cualquier mención de la terminal de cruceros y prometan rechazar categóricamente futuras propuestas en esta dirección. Esto es vital si los socialistas quieren contar con el apoyo de BComú para la aprobación de las Ordenanzas Fiscales de 2025, que serán votadas de nuevo en el pleno del viernes después de no haber logrado el consenso en la reciente Comisión de Economía y Hacienda.

En su argumentación, la líder de BComú destacó la importancia de reducir en más de un millón el número de cruceristas en la ciudad, señalando que este sector no aporta recursos significativos a la economía local. Su ultimátum sobre las ordenanzas se traduce en una pregunta clave: “¿Qué defenderá el gobierno municipal ante esta demanda?”.

Sanz enfatizó que, para que el PSC pueda aspirar a políticas progresistas, también deben reflejarlo en sus decisiones sobre infraestructuras. Su crítica se centra en la incongruencia de actuar de manera contradictoria, queriendo hacer avances sociales por un lado mientras que, por el otro, se impulsan proyectos que van en contra de esa visión.

Además, la preocupación de Sanz se extiende a la regulación del 30% de vivienda protegida en Barcelona. Luego de que el Institut de Recerca Urbana de Barcelona (Idra) revelara en un estudio que cualquier modificación en esta política podría resultar en la pérdida de hasta 18.827 viviendas, Sanz ha hecho un llamado a Elisenda Alamany, la líder de ERC en la ciudad, para formar un “frente común” en defensa de esta crucial medida.

La defensa del 30% de vivienda protegida es, según Sanz, una barrera necesaria contra la especulación inmobiliaria. “Estamos en un momento crítico en el que no podemos permitir que estos grandes tenedores de terrenos establezcan precios inalcanzables para la población. ¿Quién podrá pagar por esos pisos?”, se cuestionó Sanz, subrayando la urgencia de actuar ante esta problemática.