BARCELONA, 8 Nov. - La discusión sobre la reforma de la administración pública en Catalunya ha tomado un nuevo impulso tras las declaraciones de Carles Ramió, catedrático de Ciencia Política y presidente del Comité de Expertos de la Reforma de la Administración (Cetra). En una reciente entrevista, Ramió indicó que la propuesta para modificar el acceso y nombramiento de los directivos públicos de la Generalitat podría enfrentar una significativa resistencia, en parte debido a las implicaciones políticas y económicas que conlleva.

Ramió enfatizó que la actual práctica de nombramientos, que a menudo implica que los directivos deben contribuir económicamente a los partidos que los designan, perjudica la eficacia administrativa. "Es un sistema que desprofesionaliza el sector público y erosiona la confianza en sus instituciones", subrayó el académico, subrayando la necesidad de ofrecer una compensación justa que atraiga a individuos cualificados hacia estas posiciones.

El grupo de expertos liderado por Ramió ha presentado al Govern un ambicioso documento que incluye medio centenar de propuestas con el objetivo de modernizar la administración pública. Este plan abarca desde la reforma de unos 170 trámites hasta la incorporación de inteligencia artificial, además de cambios en las políticas de empleo público y en la dirección pública profesional.

Una de las reformas más llamativas sugiere que los directores generales continúen siendo elegidos políticamente, pero a partir de una lista de tres candidatos seleccionados por un organismo independiente. Asimismo, se propone que los subdirectores generales sean funcionarios que superen un riguroso proceso de selección basado en méritos, en lugar de ser nombrados libremente.

Ramió comparó la situación actual en Catalunya y España con la de otros países más avanzados, donde el cambio de un ministro o consejero no conlleva automáticamente la sustitución de un gran número de directivos. “No es normal que cada cambio político resulte en la salida de cientos o miles de profesionales capacitados”, argumentó.

El catedrático también advirtió que esta reforma podría implicar un costo para los partidos, que podrían perder subvenciones derivadas de salarios de directivos. "Si eso sucede, tal vez debamos considerar aumentar la financiación pública para los partidos políticos, los cuales son esenciales en nuestro sistema", añadió, insistiendo en la necesidad de transparentar y regular la financiación política.

La propuesta ha ganado apoyo entre sindicatos, empresarios y organizaciones del tercer sector, quienes coinciden en que la estabilidad en la dirección profesional conlleva mejores servicios públicos. Ramió exclamó que oponerse a una reforma de este tipo sería un intento fallido de resistirse a una tendencia social ya evidente.

Además, se propuso un cambio en los procesos de selección para la administración pública, pasando de un modelo que prioriza la memorización a otro más enfocado en competencias prácticas. "El actual sistema es socialmente injusto", afirmó, señalando que muchos jóvenes no pueden permitirse estudiar años adicionales para preparar oposiciones tras finalizar sus estudios.

La modernización de la selección de personal busca atraer un talento más joven, especialmente dado que una parte considerable de la plantilla pública se jubilará en la próxima década. “La administración necesita renovarse para adaptarse a la realidad demográfica que enfrentamos”, aclaró Ramió.

Junto a las reformas más profundas, se plantean también medidas para una simple actualización de los trámites, como la digitalización de la administración y el uso de nuevas tecnologías, aunque Ramió admitió que estos aspectos pueden ser más difíciles de implementar técnicamente.

El académico prevé que los ciudadanos empezarán a notar mejoras en la administración hacia 2026, con un enfoque en que durante 2027 se establezcan bases sólidas para la dirección pública profesional. No obstante, advirtió que el proceso de cambio será gradual y paulatino.

Con el horizonte de un futuro demográfico cada vez más complejo, Ramió subrayó la importancia de que la Generalitat se prepare para un escenario en el que la población alcance los 9 millones. "Catalunya ha experimentado un aumento poblacional del 38% en 25 años, lo que demanda una administración adaptativa", concluyó.

A pesar de las dudas históricas sobre la viabilidad de tales reformas, Ramió se mostró optimista, destacando el compromiso del actual Govern.. "No hemos visto cambios significativos en la administración pública desde la democracia, y eso debe cambiar", finalizó con determinación.