La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, destacó en una reciente entrevista que los futuros proyectos de viviendas de protección oficial (VPO) propuestos por el presidente Salvador Illa se caracterizarán por su tamaño promedio de 90 metros cuadrados. Esta afirmación surge en el contexto del Debate de Política General que tuvo lugar en el Parlament, donde se abordaron iniciativas para abordar la crisis habitacional en Catalunya.

Paneque enfatizó la necesidad de crear un enfoque más humano en la construcción de vivienda, alejándose de la idea de grandes complejos densamente poblados. Según sus palabras, la intención es mantener el modelo actual de urbanismo, optimizando los espacios disponibles y permitiendo que se añadan más pisos en cada planta, lo que podría aumentar la densidad de forma sostenible.

La consellera también aclaró que el Govern está comprometido en desarrollar un parque de viviendas de protección oficial mediante dos vías: la construcción de viviendas de alquiler asequible, con un 10% reservado para el alquiler social, y un enfoque mixto donde el sector privado puede participar mediante la construcción o la cesión de terrenos para proyectos públicos.

Al ser cuestionada sobre los temores de que esta iniciativa pueda desencadenar un aumento en los precios del mercado, Paneque fue contundente en su respuesta, subrayando que la creación de más viviendas públicas y protegidas es un fenómeno inédito en Catalunya. Aseguró que históricamente, el crecimiento habitacional se había centrado en viviendas libres, lo que ha contribuido a la crisis que se vive actualmente.

En un tema relacionado, la consellera se pronunció sobre la propuesta de Junts de extender el tiempo de empadronamiento necesario para acceder al sorteo de VPO a diez años. Paneque defendió el criterio actual de tres años como “suficiente y razonable”, subrayando la importancia de mantenerlo como una medida accesible para los demandantes.

Finalmente, en relación a la denuncia presentada por el Sindicat de Llogateres contra varias inmobiliarias por presuntos incumplimientos de la normativa de regulación de alquileres, Paneque aseguró que ya hay expedientes abiertos en la Agència Catalana de Consum que están siendo investigados, y que se está trabajando activamente para resolver estas situaciones y proteger a los inquilinos.