Nueva ley de amnistía ya en vigor tras su publicación en el BOE.

El Gobierno ha dado un paso importante en la normalización institucional, política y social en Cataluña al publicar esta mañana en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Ley Orgánica de amnistía, también conocida como Ley de Amnistía, la cual ha entrado en vigor de inmediato. Se ha establecido un plazo de dos meses para que los jueces y tribunales comiencen a aplicarla.

El decreto firmado por el Rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ordena a todos los ciudadanos y autoridades cumplir y hacer cumplir esta ley que fue respaldada por el Congreso con mayoría absoluta en un Pleno llevado a cabo el 30 de mayo, levantando el veto del Senado y finalmente aprobada tras intensas negociaciones entre el Ejecutivo y las formaciones independentistas.

Esta iniciativa surge de los acuerdos entre el PSOE, ERC y Junts en el marco de la investidura de Pedro Sánchez, con el propósito de amnistiar a todos los implicados en movilizaciones soberanistas e independentistas desde noviembre de 2011 hasta noviembre de 2023. Incluye a aquellos condenados por la consulta del 9 de noviembre de 2014, el referéndum de 2017 y el archivo de investigaciones sobre los disturbios posteriores a la sentencia del Tribunal Supremo, abarcando un total de 372 personas, entre ellas dirigentes de Junts y ERC, los 12 CDR procesados y los investigados por Tsunami Democràtic, entre otros.

La proposición de ley fue registrada por el Grupo Socialista el 13 de noviembre del año pasado y, a pesar de haber sido tramitada de forma urgente, su aprobación ha tardado más de seis meses en materializarse. El apoyo de 177 diputados fue fundamental para su aprobación, mientras que 172 se mostraron en contra, incluyendo al PP, Vox, Coalición Canaria y UPN.

Desde la entrada en vigor de la ley, los jueces y tribunales tienen un plazo de dos meses para su aplicación, a menos que se presente una cuestión ante la justicia europea, lo cual detendría el plazo. El proceso de presentación de recursos de inconstitucionalidad ya ha comenzado, con el PP anunciando que impugnará la ley.