BARCELONA, 8 de noviembre. La presidenta del grupo Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha lanzado un claro mensaje al Govern: si no adoptan una postura firme contra la especulación, su partido se negará a participar en las negociaciones para los próximos presupuestos de la Generalitat.

Durante una reunión extraordinaria celebrada en Sant Fruitós de Bages (Barcelona), Albiach enfatizó la necesidad de implementar sanciones antes de que finalice 2025, destacando la urgencia de esta medida para abordar la crisis habitacional que afecta a miles de ciudadanos.

La líder de los Comuns se mostró satisfecha por los aproximadamente 30 expedientes abiertos por superar los límites de precios de alquiler, pero hizo un llamado a la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, para que agilizara los trámites y resolviera cada caso a la mayor brevedad posible, evitando demoras que podrían perjudicar a los afectados.

Asimismo, instó al conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, a salir de su zona de confort y a revisar con atención los portales inmobiliarios, a fin de abrir investigaciones contra aquellos que publican ofertas de vivienda de manera ilegal, contribuyendo así a la lucha contra la especulación.

Albiach reafirmó que esta legislatura debe centrarse en el derecho a la vivienda, y subrayó que la presencia activa de los Comuns es crucial para empujar y negociar con el Govern y el partido socialista en esta dirección.

Por su parte, Gemma Tarafa, coordinadora de los Comuns, destacó que a lo largo del último año su partido se ha consolidado como defensor del derecho a la vivienda, implementando iniciativas como la unidad antidesahucios y la regulación de los alquileres temporales, las cuales anteriormente no existían.

Mirando hacia el futuro, Tarafa también subrayó el compromiso de los Comuns en la defensa de la democracia y en mantener un cordón frente a la extrema derecha, al tiempo que delinearon la hoja de ruta para las elecciones municipales de 2027, con el objetivo de construir una Catalunya que represente a los ocho millones de ciudadanos, arraigada en el territorio y representativa de las clases populares.