24h Cataluña.

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La UPF ha registrado 20 denuncias de acoso, abuso o insultos desde 2014, incluso entre estudiantes.

La UPF ha registrado 20 denuncias de acoso, abuso o insultos desde 2014, incluso entre estudiantes.

La Unitat de Igualtat de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona ha registrado un total de 20 denuncias por acoso, abuso o insultos desde 2014, según ha informado el vicerrector de Personal Docente e Investigador de la UPF, Pablo Pareja, en una entrevista con Europa Press. De estas denuncias, 18 han sido interpuestas por alumnos contra Personal Docente e Investigador o personal de administración, mientras que las dos restantes han sido entre estudiantes.

Pareja ha señalado que las denuncias entre alumnos suelen resolverse más fácilmente debido a la existencia de mecanismos de intervención. En cambio, aquellos casos que involucran a profesores generan más vulnerabilidad e incomodidad por parte de los alumnos. El vicerrector reconoce que esta situación puede dificultar la resolución de los conflictos.

Entre las denuncias registradas, se encuentra un caso del año 2019 en el que dos jóvenes estudiantes de primer curso de derecho denunciaron sentirse acosadas por otro alumno. A partir del 28 de enero de ese año, las víctimas comenzaron a recibir mensajes del acusado a través de WhatsApp y correo electrónico de la universidad, en los cuales expresaba su deseo de iniciar una relación con ellas y las esperaría en la puerta de la universidad. Las víctimas se sintieron amenazadas y su vida privada y académica se vio gravemente afectada. Ante la continuación de la conducta del acusado, las jóvenes decidieron pedirle que cesara en sus acciones, pero él continuó enviando mensajes e intentando tener contactos físicos con ellas en el campus.

La UPF tuvo conocimiento de los hechos y tomó medidas para proteger a las víctimas, como permitirles estudiar desde casa y proporcionarles otras aulas para realizar los exámenes. Sin embargo, una de las víctimas abandonó los estudios como consecuencia del acoso sufrido.

Finalmente, el acusado fue condenado por dos delitos de acoso a 10 meses de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena. Asimismo, se le impuso la prohibición de comunicarse con las víctimas y de aproximarse a menos de 500 metros de ellas durante cuatro años. Además, se estableció la suspensión de la ejecución de las penas de prisión si el acusado no comete delitos durante los dos años siguientes y cumple las penas de prohibición de aproximación y comunicación.

Pareja ha admitido que las víctimas no comunicaron inicialmente los hechos a sus familias ni a la universidad, y que la institución hizo todo lo posible para aplicar los protocolos de actuación correspondientes una vez tuvieron conocimiento de la situación. Sin embargo, reconoce que es importante mejorar la información sobre los derechos de los estudiantes y fomentar un entorno en el que se sientan cómodos para denunciar.

Una de las víctimas ha expresado su insatisfacción con la respuesta de la universidad, afirmando que se sintió abandonada después de comunicar los hechos. Según relata, se le ofreció la opción de cambiar de universidad, lo cual interpretó como una forma de quitarse el problema de encima.