La Generalitat de Catalunya ha incrementado su financiación, alcanzando una cifra significativa de 357,10 millones de euros, un aspecto que se vuelve clave en el contexto actual de las universidades públicas. Este dato resuena especialmente con la reciente aprobación del presupuesto de la Universitat de Barcelona (UB) para el año 2025, que se eleva a 529,4 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 5,5% en comparación con el ejercicio anterior.

El consejo social de la UB ha realizado este anuncio en un entorno caracterizado por la prórroga presupuestaria, afectando tanto a los presupuestos generales del Estado como a los de la propia Generalitat. Esta situación plantea, una vez más, desafíos significativos para la administración y la gestión de recursos en la educación pública.

Desde la universidad, se ha identificado que la inflación, exacerbada por la crisis energética de 2022 y 2023, ha impactado directamente en los gastos salariales, lo que ha llevado a un notable incremento en los costes asociados al personal. En total, los gastos de personal se han disparado en más de 25 millones de euros, alcanzando así los 348,6 millones de euros, como resultado de la implementación de los planes de choque destinados al personal docente, investigador y técnico a partir de 2023 y durante los años siguientes.

Con relación al Plan de Inversiones Universitarias (PIU), este ha visto un leve aumento, que lo sitúa en 17 millones de euros. Sin embargo, la UB ha declarado que esta cantidad sigue siendo insuficiente para abordar las reformas y acciones que considera necesarias para su funcionamiento adecuado.

En el campo de la investigación, se ha decidido mantener el Programa de fomento de la investigación (PROFOR/IURE) de la Generalitat, así como las partidas específicas que la universidad ha conseguido a través de convocatorias competitivas en investigación y transferencia de conocimiento, lo que subraya el compromiso de la Generalitat con la investigación universitaria.

A pesar de este aumento en la financiación, es fundamental destacar que el 65,74% de los ingresos totales de la UB provienen de la Generalitat. El desglose de los ingresos muestra que el 34,26% restante proviene de diferentes fuentes, incluyendo los ingresos académicos (74,2 millones), fondos dedicados a la investigación (8,35 millones), recursos extraordinarios (12,13 millones), otros ingresos propios (20,3 millones) y otros ingresos finalistas (57,57 millones).

En términos de gastos, el personal representa una carga significativa, alcanzando el 65,9% del total. El saldo restante se destina a gastos de funcionamiento (45,43 millones), mantenimiento y otros gastos cautivos (35,13 millones), políticas (11,58 millones) e inversiones (21,38 millones), lo que da cuenta de la complejidad del panorama financiero actual.

La Universitat de Barcelona ha manifestado que estas cuentas revelan una profunda fragilidad económica y financiera que afecta a las universidades públicas, limitando así su capacidad para emprender las transformaciones vitales que se requieren para enfrentar los retos del futuro. Esta realidad ha llevado a la institución a reclamar un cambio en el escenario actual.

Finalmente, la UB ha enfatizado que este panorama permanecerá sin cambios hasta que se implementen los compromisos de financiación contenidos en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y en el Pacto Nacional para la Sociedad del Conocimiento. Este llamado a la acción subraya la urgencia de un respaldo sólido y sostenible para la educación superior en la región.