La reunión de la UpM en Barcelona se presenta como una oportunidad para avanzar en la resolución del conflicto Israel-Palestina, según Albares.

La reunión de la UpM en Barcelona se presenta como una oportunidad para avanzar en la resolución del conflicto Israel-Palestina, según Albares.

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación en funciones, José Manuel Albares, ha expresado su deseo de utilizar la próxima reunión de la Unión por el Mediterráneo (UpM) en Barcelona, que se llevará a cabo el 27 de noviembre, como una oportunidad para avanzar en la resolución del conflicto entre Israel y Palestina.

En una entrevista televisiva con TV3 recogida por Europa Press, Albares señaló que es fundamental aprovechar esta oportunidad para fomentar el diálogo y la convivencia, y abogó por la celebración de una conferencia internacional de paz que, en este momento, no es posible debido a la espiral de violencia en la región.

El ministro destacó que la reunión de la UpM será un evento "único" en el que tanto Israel como Palestina podrán sentarse en igualdad de condiciones, junto con países europeos y árabes. En esta reunión, ambas partes tendrán la oportunidad de exponer sus preocupaciones, entre las que se encuentra la prevención de la propagación de la violencia hacia Cisjordania y el Líbano.

Albares también abordó el tema del reconocimiento del catalán, euskera y gallego como lenguas oficiales de la Unión Europea. Según él, el tiempo necesario para llevar a cabo este reconocimiento a nivel europeo es diferente al tiempo nacional, y estima que podría aprobarse en el Consejo de Asuntos Generales en un plazo de dos o tres meses.

En respuesta a la pregunta sobre una posible aprobación en la próxima sesión del Consejo de Asuntos Generales, programada para el 15 de noviembre, Albares afirmó que no tiene sentido someter el asunto a votación hasta que se hayan presentado los informes necesarios.

La sesión del martes pasado concluyó sin una decisión definitiva sobre la oficialidad de los idiomas cooficiales en la UE, ya que España aún no ha respondido a las inquietudes legales y financieras planteadas por otros estados miembros.

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