BARCELONA, 20 de diciembre.

La oposición en el Ayuntamiento de Barcelona, compuesta por BComú, Junts, ERC, PP y Vox, ha hecho un llamado al gobierno del alcalde Jaume Collboni para que realice una auditoría del estado del patrimonio histórico de la ciudad en un plazo de tres meses. Esta solicitud surge a raíz de una proposición presentada por Junts en el pleno de diciembre, la cual recibió el respaldo de todos los grupos, exceptuando la abstención del gabinete ejecutivo del PSC.

Jordi Martí, líder de Junts en el consistorio, ha expresado su preocupación por el continuo deterioro y la pérdida del valioso patrimonio histórico y arquitectónico de la capital catalana. Martí ha enfatizado la urgencia de realizar un diagnóstico exhaustivo que sirva como base para las acciones que, a su juicio, deben implementarse de forma inmediata.

“Sin el reconocimiento de nuestro legado histórico, el futuro de la ciudad se ve comprometido”, ha avisado Martí, añadiendo que el patrimonio no solo representa un elemento cultural, sino que también es una potencial fuente de ingresos tanto públicos como privados, particularmente en lo que respecta a la generación de empleo.

Por su parte, la primera teniente de alcaldía, Laia Bonet, ha defendido la postura del gobierno municipal, señalando que los objetivos planteados por Junts carecen de realismo. Según Bonet, sería impracticable cumplir con el plazo de tres meses para contratar la auditoría, así como con el período de dos años exigido para que el Ayuntamiento adquiera distintos edificios.

A pesar de sus reservas, Bonet ha prometido que, a partir de enero, el Ayuntamiento comenzará a trabajar en este análisis del patrimonio, junto con la creación de un comité consultivo técnico especializado en esta área. Este ente será fundamental, según Bonet, para establecer un plan efectivo de protección y salvaguarda del patrimonio de la ciudad.