En un paso significativo hacia la modernización de su marco normativo, la Generalitat de Catalunya ha unido fuerzas con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en un proyecto destinado a analizar y optimizar las leyes que rigen la vida en esta comunidad autónoma. Este anuncio fue realizado este viernes en un comunicado oficial por parte del Govern.
La colaboración se inició con una reunión celebrada en la sede de la OCDE en París, donde participaron destacados miembros del Govern catalán, incluido el conseller de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, y el secretario del Govern, Javier Villamayor. También estuvo presente Gillian Dorner, directora adjunta de Gobernanza Pública de la OCDE, junto a Anna Pietikainen, jefa de la División de Política Regulatoria del organismo internacional.
El principal objetivo que ha expresado el Govern es solicitar a la OCDE un análisis profundo sobre la creación, aplicación y evaluación de las normativas que impactan tanto a la población como a las empresas de Catalunya. Esta iniciativa busca transformar la situación actual con el fin de fomentar un sistema que no solo sea más eficiente, sino que también satisfaga las necesidades de la ciudadanía.
En la misma línea, el Govern ha subrayado que el propósito de este análisis es promover un entorno regulatorio que no solo ayude a resolver problemas cotidianos, sino que también mejore la calidad de vida de los ciudadanos y potencie la confianza del sector empresarial en las instituciones. Este enfoque busca construir un puente entre la administración pública y quienes dependen de ella.
El estudio, que se extenderá durante un periodo de 18 meses, contempla la realización de entrevistas con diversos actores institucionales, sociales y económicos. Además, incluirá un plan de formación dirigido al personal técnico de la Generalitat y asesoramiento especializado para la implementación de posibles mejoras en la normativa.
Finalmente, los hallazgos se presentarán en un informe con recomendaciones específicas para enriquecer la calidad regulatoria en Catalunya. El Govern celebra esta alianza como una valiosa oportunidad para alinear la regulación de la comunidad con los más altos estándares internacionales, lo que refleja un compromiso con la modernización y el progreso social.
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